El nuevo caso de amenazas y ataques contra líderes sociales en el país, fue conocido el pasado fin de semana, en el que Alfamir Castillo Bermúdez, víctima de falsos positivos y líder de las madres de Soacha, sufrió un atentado en el que se puso en alto riesgo su vida.
El acontecimiento ocurrió en la zona rural de Pradera,Valle del Cauca, donde dos hombres en moto dispararon tres veces a la camioneta en la que iba la líder. Según fuentes oficiales, el escolta que le tiene asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la líder, salieron ilesos.
Cabe recordar que Alfamir perdió a su hijo, Darbey Mosquera, en el 2008, a manos de miembros del Batallón de contraguerrillas No 57 “Mártires de Puerres”, el cual pertenecía a la XIII Brigada del Ejército Nacional, quienes según investigaciones, lo llevaron a la zona rural de Manizales y lo hicieron pasar como “subversivo”.
Por ello, ella fue reconocida como víctima de falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se condenaron siete militares, aún continuan las investigaciones.
La lider ha sido amenazada en varias ocasiones a través de mensajes de texto, en uno le indican “no creas que estamos jugando, no creas que estamos mintiendo, la muerte te ronda y tú no lo crees. Ni tus escoltas van a poder salvarte. Todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere, muere, muere…”
El representante de la Alta Comisión para los Derechos Humanos en Colombia ante la ONU, Alberto Brumori, condenó el hecho y exigió la pronta respuesta del Estado.
“La protección de la vida y la integridad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad es de imperativo de derecho internacional, que exige la pronta respuestqa y la debida actuación de las instituciones concernientes. Confiamos en la actuación decidida de las autoridades de la JEP, la UNP y la Policía, para evitar que estas amenazas se materialicen, y para disuadir a los enemigos de la paz que esperan silenciar la voz de las víctimas en su búsqueda de justicia”, afirmó.
Por lo pronto, la JEP hizo un urgente llamado al gobierno, para reforzar el sistema de seguridad de la víctima.