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Por Redacción Datéate
El Atlas de Justicia Ambiental es un proyecto financiado por la Unión Europea que se encarga de mapear los conflictos ambientales alrededor del mundo desde una perspectiva de justicia ambiental, es decir, desde un aspecto crítico en donde no solamente se trata de mencionar los impactos que tiene la minería en un territorio frente a los bienes naturales, sino de ubicar los conflictos dentro de relaciones de poder.
Para entender la relación del medio ambiente con el poder, la economía y las comunidades, Datéate habló con Juan Manuel Rengifo, geólogo del Observatorio de Conflictos Ambientales-OCA, y explicó que:
La extracción de recursos se realiza para cumplir una demanda exagerada de los países ricos del norte, los industrializados del primer mundo que consumen y demandan bastante materia prima y energía para su funcionamiento. En este punto hay que mencionar las desigualdades en las relaciones de poder entre países del sur global y los países ricos del norte con sus empresas, es decir, las multinacionales que vienen a extraer recursos y a generar conflictos ambientales.
Esos conflictos ambientales se presentan cuando hay una comunidad que se ve afectada por la extracción de recursos por parte de empresas y políticas de Estado que muchas veces han sido diseñadas para apoyar este tipo de proyectos, generando un impacto ambiental como la contaminación de los ríos y la destrucción de bosques.
En 2013 la Contraloría General de la República realizó una colección completa de estudios sobre minería en Colombia en donde afirma que
El Estado ha contribuido a fomentar la informalidad y la legalidad. Durante décadas, las autoridades minera y ambiental no ejecutaron programas de control y fiscalización de los títulos mineros y apenas en el 2012 iniciaron trabajos de fiscalización tercerizada. Y los resultados están a la vista: el 85% de las unidades mineras visitadas tiene al menos cuatro hallazgos, es decir, cuatro infracciones a las normas vigentes para el sector.
Según el último informe realizado por el Instituto CINARA de la Universidad del Valle, para el cierre de 2016, existían 115 conflictos socioambientales activos, el 80% de ellos (92) impactan o se originan en las zonas rurales; cerca de 12,5 millones de colombianos han sido o pueden ser afectados potencialmente por ellos; el área afectada o potencialmente afectada llega a los 12,4 millones de hectáreas (1,1% del territorio nacional). El estudio concluye que en el sector extractivo radica buena parte de los conflictos ambientales del país (minería, biomasa y energía fósil); que entre ellos destacan el oro y el carbón; que existe una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos y que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (el 54% de los casos) son las más afectadas por los conflictos.
Datéate consultó el Atlas de Justicia Ambiental y además investigó sobre casos específicos en las cinco regiones naturales del país, este es el informe:
Región Caribe:
Drummond Company. INC.
Conflicto: Drummond vs. Hoteles de Santa Marta (Magdalena)
Sector: Energía fósil (Transporte de carbón)
Recursos afectados: Agua / Paisaje / Ruido / Contaminación
Empresa generadora del impacto: Drummond (EEUU)
Afectados: Empresarios / Turistas
Después de su creación en 1935, Drummond Company tardó 60 años en llegar a Colombia, uno de los países más ricos en este combustible (Carbón). Así, esta empresa llega al país en 1995; con una mina y puerto establecidos, inicia operaciones para producción internacional. Durante su presencia en Colombia, la compañía ha protagonizado varios escándalos a lo largo de su historia, que van desde huelgas entre 1998 y 2006 hasta la muerte de tres dirigentes sindicales a manos de paramilitares en 2004.
El 13 de enero de 2013 una barcaza que cargaba aproximadamente 2800 toneladas de carbón sufrió una avería, lo cual provocó el vertimiento de 300 toneladas; no obstante, algunos dicen que fueron más de 2000 toneladas las que fueron arrojadas al mar. La suspensión que se impuso a esta empresa fue levantada el mes de marzo del mismo año por el Gobierno Nacional. El pasado 4 de abril de 2017 un tren de la multinacional, que transportaba 1.300 toneladas de carbón, se descarriló cuando viajaba desde la mina ‘La loma’ en el Cesar, hasta el puerto, ubicado en Ciénaga, Magdalena.
Mina El Cerrejón
Conflicto: Mina El Cerrejón (Guajira)
Sector: Energía Fósil (carbón)
Recursos afectados: Aire / Agua / Tierra
Empresa generadora del impacto: BHP Billiton (Australia)
Afectados: Indígenas
Existe el caso de la mina “El Cerrejón” consistente en una explotación de carbón a cielo abierto que produce más de 32 millones de toneladas de este material al año. La represa en el río Ranchería, usada para la explotación carbonífera agrava el problema de sequía, dejando sin agua a más de 63.000 personas pertenecientes a los municipios de Riohacha, Uribia y Manaure, según afirmó el Programa Mundial de Alimentos en 2016.
Región Pacífico:
Macizo colombiano
Conflicto: Minería en el Macizo colombiano
Sector: Minería
Recursos afectados: Agua / Derechos territoriales
Empresa generadora del impacto: AGA (Sudáfrica)
Afectados: Campesinado / Indígenas
Una mina ilegal de extracción de oro acabó secando el rio Sambingo, sobre el Macizo colombiano, debido a las altas cantidades de mercurio presentes en la actividad. Acorde con las investigaciones, los principales actores que contribuyeron a esta actividad ilegal eran el ex tesorero y tesorero de la Alcaldía de Iscuandé, que terminaron arrestados posteriormente, junto con una contadora, un policía del Cauca, el dueño del terreno utilizado y los proveedores de maquinaria pesada.
Aparte de lo anterior, el modus operandi consistía en una serie de acciones fraudulentas para hacer llegar la maquinaria usada en la explotación aurífera al recóndito lugar y el pago de 15 millones de pesos al ELN para que prestaran la seguridad en la zona. Por otra parte, los mineros empleados han puesto sus vidas en esta actividad que no reúne las mininas condiciones de seguridad y, sin embargo, es la única forma de sobrevivir ante el histórico abandono del gobierno colombiano en estos territorios. Ejemplo de ello es la muerte de varios mineros en el colapso de una mina en la vereda de Sanabria, del municipio de Iscuandé, Nariño.
Tratado Alianza del Pacifico
Tratado firmado por los países de México, Colombia, Chile y Perú, que entró en vigor desde el 28 de abril de 2011 y que estima una inversión de 221.000 millones de dólares, donde a Colombia le pertenecen 24.000 millones de ellos, distribuidos en 9 proyectos mineros, la mayoría ubicados sobre la región del pacífico colombiano.
Sectores civiles se han manifestado en contra de la actividad minera, ya que constituye una amenaza a las antiguas actividades artesanales, desplazando las familias que dependían de ello, y ha dejado un gran abismo ecológico, particularmente las explotaciones a cielo abierto. Además, según expresó la Diócesis de Quibdó, se está llevando a cabo un favorecimiento de contratos a multinacionales extranjeras, lo que representa una desigualdad en cuanto al posible aprovechamiento responsable de la minería en el territorio.
De otra parte, se presentan irregularidades en las acciones los funcionarios públicos con respecto a la extracción minera. Un informe de la Contraloría menciona que “En el sector ambiental colombiano se ha configurado un régimen endeble y con baja autonomía gubernativa, producto no solamente a fallas en la normatividad y la regulación sino además a que la toma de cierto tipo de decisiones pareciera haber sido influenciada en algún grado relevante por la racionalidad económica y sociopolítica y el poder de captura o cooptación de ciertas instancias institucionales públicas decisorias de política pública y reguladoras por parte de agentes claros (legales) y grises (legal/ilegal) buscadores de rentas excluyentes, sin una corresponsabilidad social”.
Conflicto: Río Dagua (Valle del Cauca)
Sector: Minería (oro)
Recursos afectados: Río / Agua / Suelo
Empresa generadora del impacto: Mineros informales
Afectados: Campesinado
Conflicto: Cerro La Jacoba (Nariño)
Sector: Minería (oro)
Recursos afectados: Tierra / Agua
Empresa generadora del impacto: Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica)
Afectados: Campesinado
Región Andina:
Conflicto: Cementos Tequendama vs. Población de Suesca (Cundinamarca)
Sector: Industria (cemento)
Recursos afectados: Tierra / Agua / Aire / Paisaje
Empresa generadora del impacto: Cementos Tequendama (Colombia)
Afectados: Campesinado / Población urbana / Turistas / Empresarios
Dentro del mismo estudio de la Contraloría se menciona que “El control de la minería no legal se ha dejado en cabeza de los alcaldes, sin apoyo técnico ni jurídico por parte del Ministerio de Minas y Energía, entidad que tiene bajo su responsabilidad la gestión de los recursos mineros en el país”.
Existe una extendida alegalidad (no está ni prohibido ni permitido por la ley) y no legalidad (no permitido por la ley) de minería de carbón en alta montaña y en páramos. Se han reportado episodios violentos por amenazas de mineros no legales en Tasco, Jenesano, Nuevo Colón (Boyacá), Tausa y Suesca (Cundinamarca) y Cerrito (Santander), entre otros.
Conflicto: Páramo de Santurbán (Santander)
Sector: Minería (oro)
Recursos afectados: Páramo / Agua
Empresa generadora del impacto: Greystar (Sudáfrica)
Afectados: Población urbana
Región Orinoquía:
Conflicto: Tauramena (Casanare)
Sector: Combustibles fósiles (petróleo)
Recursos afectados: Tierra / Agua / Biodiversidad
Empresa generadora del impacto: Ecopetrol (Colombia)
Afectados: Indígenas / Campesinado / Pastores / Pescadores
Conflicto: Destrucción Ecosistema estratégico de El Lipa (Arauca)
Sector: Combustibles fósiles (petróleo)
Recursos afectados: Tierra / Agua
Empresa generadora del impacto: Oxy (EEUU) / Ecopetrol (Colombia)
Afectados: Indígenas / Campesinado / Pescadores
El informe de la Contraloría General de la República indica que “La población de los municipios donde, por más de dos décadas, se vienen explotando los recursos mineros del país, vive una gran tragedia: conviven con una actividad generadora de riquezas que es apropiada por los propietarios de las empresas mineras, con muy baja participación de los trabajadores de estas empresas, y con indicadores de pobreza y de falta de oportunidades que reflejan el escaso desarrollo institucional. En síntesis, en las zonas donde se concentra la actividad minera, la población sobrevive soportando los efectos de lo que los especialistas han denominado «la maldición de los recursos naturales»”.
Región Amazonía:
Conflicto: Parque Nacional Puinawai (Guainía)
Sector: Minería (Coltán)
Recursos afectados: Territorio Indígena / Parques
Empresa generadora del impacto: Mineros informales
Afectados: Indígenas
Conflicto: Taraira-PNN Yaigojé-Apaporis (Vaupés)
Sector: Minería (oro)
Recursos afectados: Agua / Tierra / Biodiversidad / Parques
Empresa generadora del impacto: Cosigo Resources (Canadá)
Afectados: Indígenas / Mineros
La selva amazónica, a la altura del corregimiento de Araracuara (alto y medio río Caquetá), ha sido degradada a lo largo de su historia. Primero fue la fiebre del caucho y hoy es la ambición por el oro. Así lo concluye el informe «Las rutas del oro ilegal», una investigación que recoge cinco estudios de caso de este fenómeno que se apodera de la cuenca amazónica, el gran pulmón del mundo de 7,9 millones de hectáreas. La Sociedad de Derecho Ambiental del Perú y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de Holanda, coordinaron este reporte que detalla los intríngulis de la minería informal en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
Concluye la Contraloría: “El daño ambiental se configura en el sentido de afectación de la renovabilidad de los componentes del ecosistema. Los daños duran para siempre en la escala de tiempo humana, son perpetuos, y en este sentido, cualquier decisión de hoy tiene implicaciones de justicia intergeneracional… En conclusión, no resulta posible afirmar que el país esté transitando hacia un desarrollo integral en sentido estricto”.