El Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martinez, se pronunció este lunes públicamente ante la situación que atraviesa la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Martínez lanzó duras críticas a tres aspectos estipulados en el proyecto, el cual fue aprobado por el Congreso, por la Corte Constitucional y ahora se encuentra en espera de la aprobación presidencial.
Martinez expresó, por medio de una carta enviada al Presidente de la República, su desacuerdo con que exguerrilleros que cometan actos delictivos después del proceso de paz, sean sometidos a los beneficios de la Justicia Transicional, algo que se encuentra estipulado en la Ley Estatutaria. Son cuatro puntos en los que el presidente de la República debe objetar, según el Fiscal.
Por qué, por estas razones.
Sobre el narcotráfico como delito de ejecución permanente, mencionó que “los reinsertados que continúan en el narcotráfico y siguen con los beneficios otorgados por la JEP, estarían afectando la lucha política contra el narcotráfico en el país”, para él, aquellos que sigan en este delito deberían ser sujetos a investigar por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En cuanto a la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados, Martinez afirma que la Fiscalía perdería su poder investigativo, dado que mientras funcione la JEP, ni la Fiscalía, ni otra jurisdicción podrán realizar audiencias, interrogatorios o entrevistas a aquellos que se encuentren sometidos judicialmente con la entidad.
Otro punto estipulado en la carta de petición a Duque es la renuncia de la investigación penal de crímenes graves. Según lo pactado en el Congreso, la JEP no podrá renunciar a la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables, es decir, delitos que no sean perdonados por el Estado, tales como crímenes de lesa humanidad o cometidos de forma sistemática y que no puedan ser atribuidos a los máximos responsables, por ello, no deberían seguir rigiéndose judicialmente por la JEP.
Por último, en cuestiones de garantía de no repetición, Martinez menciona que “un excombatiente que comete nuevos delitos y siga recibiendo los derechos, beneficios, tratamientos especiales y garantías de la JEP, no está pagando por el delito que cometió”, y ello, en cuestiones de garantías no respeta los derechos que merecen las víctimas en términos de justicia. De igual forma, sí el victimario sigue cometiendo delitos luego de la firma del Acuerdo de Paz, no es sujeto que merezca un respaldo por parte del Estado.
El Fiscal General, pide a Duque que objete en los cuatro puntos anteriormente mencionados, o de lo contrario, no se respetarán ni garantizarán los derechos que tienen las víctimas del conflicto. Cabe resaltar que el Presidente, tiene hasta el próximo 8 de marzo para concretar la aprobación de la Ley estatutaria, la cual, contiene el futuro de la JEP.
A propósito de la aprobación de dicha Ley, el exministro del Interior en gobierno Santos, Guillermo Rivera afirma que “Si el Presidente Duque toma la decisión de objetar la ley estatutaria de la JEP y el Congreso la acepta, esta jurisdicción podrá seguir funcionando con las normas constitucionales y las de procedimiento que están vigentes. En cambio, los derechos de las víctimas que se establecieron en la estatutaria serán solo un buen recuerdo de un esfuerzo infructuoso tal y como ocurrió con las curules para las víctimas en el Congreso”.