Durante los últimos dos años hemos asistido a un proceso de negociación bastante irregular entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, que se debate en la esperanza por lograr una “paz completa” y el reiterativo incumplimiento de las partes, sobre todo, por parte del gobierno, que ha generado un ambiente de escepticismo.
Es un momento difícil para la negociación por la coyuntura electoral, en donde la disputa por las presidenciales, está mediada por el futuro de la implementación de los acuerdos de la Habana y por la negociación de Quito.
De otro lado, la desconfianza que ha generado el resultado del acuerdo con las FARC y la sensación de que este, es un “gobierno faltón”, que no garantiza el cumplimiento de los acuerdos con las insurgencias, pero tampoco con los sectores campesinos, ni con los pueblos indígenas, siembra un ambiente desfavorable para el proceso.
Sin embargo, estos diálogos de paz, resultan ser paradigmáticos por la particularidad de los puntos de la agenda de negociación y por algunos elementos que vale la pena resaltar y que hoy, deberían estar en el debate de la opinión pública.
En el programa del pasado 9 de noviembre, estuvimos acompañados por Juan Carlos Houghton, Antropólogo y miembro del Comité de impulso Mesa Social para la Paz, Lisetd Quiroga y Diana Granados de La confluencia de Mujeres para la Acción Pública, Helberth Choachí Docente de la Universidad Pedagógica Nacional y Víctor de Currea Lugo, docente de la Universidad Nacional De Colombia, con quienes conversamos sobre estos elementos.
En primera medida está el punto 1 de la agenda de negociación “Participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Desde allí se espera que la negociación no se desarrolle solo en Quito, sino que la sociedad colombiana desde sus distintos matices, pueda generar los consensos básicos para los acuerdos que darán fin al conflicto con el ELN.
Es por eso que diversas plataformas y procesos sociales como la Juntanza de Mujeres por la Paz y la Mesa Social de Paz, entre otras, han venido tejiendo el camino para ese ejercicio de participación en el que se debate esta negociación.
Se espera que esa participación, sea amplia y decisoria: que convoque a distintos sectores de la sociedad, no solo empresarios y algunas organizaciones sociales, sino que esté vinculada al barrio, la vereda, los resguardos, para que la gente pueda construir una propuesta de paz para el país.
En segundo lugar, que la participación sea vinculante: que eso que se ponga en la discusión, tenga posibilidad de irse desarrollando, que lo que se acuerde, se valla haciendo, sin esperar el momento de materializar en la implementación.
Finalmente, se espera que la participación en este proceso este abierta para las iniciativas de organizaciones de mujeres, que si bien, han visto como un avance importante el enfoque de género en el acuerdo final con las FARC y la subcomisión que se propició en medio de la negociación, siguen insistiendo en la necesidad de tener una mayor incidencia desde la paridad en la participación, en la que el 50% de quienes hacen parte de estos espacios, sean mujeres de distintas regiones del país.
Es importante resaltar que durante estas dos últimas semanas se han desarrollado las primeras audiencias preparatorias donde han tenido presencia diferentes sectores como campesinos, empresarios, académicos, mujeres, grupos étnicos, migrantes, que empiezan el ejercicio de pensar los acuerdos desde sus territorios y realidades concretas.
El segundo hecho que hace la particularidad en la negociación, es el Cese bilateral al fuego, concretado entre las partes a partir del 1 de octubre y que se prolonga hasta el 9 de enero del 2018. Es muy importante, puesto que es la primera vez en la historia del ELN, que se hace una tregua en medio de la negociación. Con muchos altibajos y signos de incumplimiento de ambas partes, pero sobre todo con una ausencia de respaldo desde el equipo negociador del gobierno nacional. Sin embargo, el balance es positivo en términos de ver que al día de hoy, no se ha presentado un solo enfrentamiento entre las fuerzas del estado y la guerrilla.
Los incumplimientos ponen en riesgo no solo el cese bilateral, sino la negociación en sí misma. Por un lado, el Frente de Guerra Occidental asesina al gobernador indígena Aulio Isarama Forastero el 25 de octubre, acto que reconoce y que cataloga como un error, pero en efecto, es una acción que pone en riesgo el proceso.
Del lado del gobierno nacional también hay culpas, pues no ha garantizado la vida a los líderes sociales que hoy, siguen siendo asesinados en el país y tampoco pudo controlar a su fuerza pública para evitar la masacre de Tumaco. Hechos en los que la delegación de paz del gobierno, poco se pronuncia y en ese sentido, se hace necesario reafirmar no solo desde las partes, sino desde la sociedad, las garantías para mantener el cese al fuego y para que las comisiones negociadoras, el 8 de enero decidan prorrogar por más tiempo la tregua establecida.
Finalmente, el punto 5 de la agenda, se refiere de la situación de los presos políticos del ELN y vuelve a poner la discusión sobre las condiciones carcelarias y el tránsito a dignificar a quienes están privados de la libertad. Esto vale la pena seguirlo trabajando con mayor detenimiento.