Al terminar su alcaldía el ahora senador, dejó varios procesos pendientes en su contra.

El proceso más preocupante para su futuro político, es una sanción de 200.000 millones de pesos que le impuso la Controlaría Distrital, al encontrarlo culpable del detrimento patrimonial, causado por haber reducido el precio de los pasajes del servicio de transporte público Transmilenio en horas valle.

Aunque el abogado Dagoberto Quiroga, consiguió postergar el proceso con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, antes de comenzar la campaña política para la aspiración de Petro a la presidencia de la República, el caso aún está siendo evaluado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, quienes en los próximos días darán su dictamen.

Cabe resaltar, que cuando se le imputa a un servidor público una responsabilidad fiscal por detrimento de patrimonio del Estado, esto genera inhabilidad para contratar con el mismo y desempeñar cargos públicos, es decir, no podrá ser contratista estatal, ni tampoco desempeñarse como servidor público, en un periodo de 5 años, esto según la Constitución Política de Colombia de 1991.