Carlos Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking y líder de comunidades en San Martín del Cesar, conversó con UNIMINUTO Radio, sobre la importancia de defender los recursos naturales de su municipio y de las zonas del país afectadas y seleccionadas para erradicar la practica de este método de explotación de hidrocarburos.
La Alianza Colombia Libre de Fracking, es un escenario nacional de articulación con más de 100 organizaciones del país, en diferentes sectores como el ambiental, académico y derechos humanos, los cuales trabajan para que no se realice este tipo de extracción. La “sismicidad inducida, genera afectaciones a la salud pública de las comunidades y pueblos, en parte por la liberación de metano, gas más tóxico que el co2” , explica Carlos Santiago.
Ante la posibilidad de la explotación petrolera, la población ha decidido tomar cartas en el asunto creando la iniciativa de las 100 mil firmas contra el fracking, apoyado por las firmas de 30 congresistas de 9 partidos políticos diferentes. Se ha exigido al Gobierno Nacional representado por el presidente Iván Duque, la ministra de Minas María Fernanda Suárez y el ministro del ambiente Ricardo lozano, invitándolos a que escuchen al pueblo y prohiban la explotación de hidrocarburos por medio del fracking, afirma Carlos Santiago.
El problema es que Colombia tiene un desconocimiento de la información de base, al no contar con una línea clara en términos de sismicidad, de control de químicos, falta de capacidad institucional, corrupción de las autoridades, lo que lleva a pensar que lo más coherente es aplicar el principio de precaución, ya que como no existe el fracking responsable, lo responsable y lógico es prohibirlo, declara este líder social.
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A esta causa ciudadana en pro del medio ambiente, en el departamento de Boyacá, se paró todo el proceso de exploración sísmica que la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) quería realizar en el municipio de Caldas, al occidente de Boyacá.
Esta movilización ambiental se inició por las redes sociales, y es apoyada por La red de Colectivos Ambientales de Boyacá y otras organizaciones ambientales. Santiago declara que, por el compromiso institucional de la gobernación y la asamblea departamental, trabajando conjuntamente con la población en acciones populares, se logró presionar al gobierno y la empresa para suspender la ejecución del contrato y no realizar este proyecto de sísmica en el occidente de Boyacá.
Finalmente, se está trabajando en procesos de organización de las regiones y de las comunidades para que logren desarrollar proyectos en contra de los daños ambientales, no solo para los afectados, sino realmente para crear un consenso ciudadano frente al tema.