Por Marisabel García. Docente Área de Contexto
El periodo referido al proceso de paz entre el Gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN es cruento, las cifras oscilan entre 350 y 500 personas líderes asesinadas desde 2012, es decir que, en promedio, cada cuatro días muere una esperanza de cambio en el país, evidenciando el carácter sistemático de esta práctica. Pero ¿por qué en un escenario como el actual, se asesina y calla a quienes defienden los derechos humanos? La respuesta nos invita a pensar este fenómeno de forma compleja, ahondando necesariamente en la relación existente entre esta práctica de exterminio y los intereses de diversos actores sociales sobre el territorio nacional.
En primera medida, es relevante resaltar que la actual coyuntura de postacuerdo generó una alta expectativa de cambio en amplios sectores de la sociedad, poniendo sobre la mesa la posibilidad de solucionar el conflicto armado por medio de una vía política. Sin embargo, es imposible pensar en acabar un conflicto armado sin dar solución a los múltiples conflictos sociales que lo generaron. Así, al día de hoy, las tierras siguen concentradas en pocas manos, los procesos de participación política se mantienen bajo un carácter restringido, las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras son cada vez más precarias, y el modelo económico basado en la desigualdad económica se profundiza.
Este escenario necesariamente debe llevarnos a repensar el problema de la democracia en el país, en la capacidad que tenemos para comprender y aceptar la disidencia política, y en las formas de acumulación de capital que aumentan la pobreza y que se materializan en entornos precarios para las mayorías.
Un segundo elemento para el análisis está relacionado con los intereses presentes sobre los bienes comunes. Durante los últimos años, la inversión extranjera directa con énfasis en la economía extractiva ha aumentado, y su crecimiento exponencial se relaciona directamente con la matriz energética imperante a nivel mundial. Como consecuencia, se ha ampliado la dependencia económica y tecnológica, elevando las tasas de extracción de dichos bienes a lo largo del país.
No es casualidad que la Corte Constitucional falle recientemente, limitando las Consultas Populares como mecanismos de participación contenidos en la Constitución Política de 1991. La norma da prevalencia al argumento de que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación y, por ende, las consultas populares no pueden frenar las actividades mineras proyectadas por el gobierno.
Hoy, es incierto el futuro de líderes y lideresas sociales que, desde lo local, buscan defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en ese sentido, acercarse a las dinámicas cotidianas que enmarcan su quehacer, permiten comprender la realidad concreta en la que viven, así como las problemáticas a las que responden sus reivindicaciones.
Es por ello que la mirada sobre el impacto del trabajo de los líderes sociales con sus comunidades debe superar el simple conteo de cuerpos, denuncias que, si bien son absolutamente pertinentes, no amplían la mirada sobre los procesos que estos hombres y mujeres, a riesgo de su vida y delas de sus seres queridos, adelantan en la defensa de los derechos humanos para el ejercicio pleno de ciudadanías. Liderazgo social no solo es sinónimo de muerte, también significa cambio social, control social organizado, emprendimientos comunitarios y resistencia pasiva, que a su vez conllevan historias de vida que merecen ser contadas a partir de sus luchas y desde sus resultados.