Julián León.
 

Por Julián León

Fueron 124 líderes asesinados en el 2018 en Colombia como afirmó Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria. Son 124 contenedores andantes de sueños, esperanzas y liderazgo, que fueron obligados a partir dejando proyectos en construcción. Los medios los nombran; las cifras los materializan; el olvido los destruye. Tomar la iniciativa con miras a un cambio sostenible que privilegie a la mayoría seguirá siendo un reto de vida o muerte.


Hablar de la muerte de líderes sociales, al menos en la cuestión colombiana, es remitirse directamente al ausentismo estatal y la inoperancia gubernamental. El primero significó y sigue significando un adormecimiento del estado, quebrantando de esta manera el sagrado articulo constitucional número dos cuando éste se refiere a que ‘’son fines del estado (…) defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo’’. Ni lo uno ni lo otro. El estado no se ha encargado de extender su poder institucional a regiones apartadas donde precisamente actúan los líderes sociales, resultando esto en un olvido estatal que le entrega la soberanía y la justicia a actores armados privados que silencian y aniquilan a aquellos que optan por cambiar el status quo dominante por uno más igualitario y digno para la mayoría.


Para los que conocemos las consecuencias del olvido estatal en la década de los 80, la situación actual, al menos en dichos territorios, es idéntica: a falta de un orden judicial, ejecutivo y legislativo, la ley es impuesta y ejecutada arbitrariamente por entes con poder armado. Por eso el narcotráfico tuvo su auge en esta década; por eso recibió el nombre de ‘’década pérdida latinoamericana’’; por eso tanto flujo migratorio de gente que huyó del país. Los líderes no huyen, sino que los hacen pasar ‘’al otro lado’’ de la vida.
Por otro lado tenemos la inoperancia gubernamental. Esta inoperancia es fruto de una invisibilización y desinterés con que los últimos gobiernos de turno han tratado la sistematicidad de estos crímenes sociales. La actual ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que los asesinatos de lideres sociales no obedecen a ‘’una causa fundamental o a un exterminio en particular, sino que es multicausal en las zonas de mayor violencia y mayor conflictividad’’, según reseñó El Espectador. No sorprende la indiferencia, el poco tacto y la empatía cero detrás de esta manifestación oficial. Si el crimen no fuera sistemático ‘’nuevo líder social muerto’’ no sería el titular más buscado en internet y en los medios, las comunidades no estarían desconcertadas y sin rumbo ahora sin sus pilares democráticos y voces populares y, finalmente, la violencia desmedida no se concentraría únicamente en esta categoría y condición social y cultural.


Una indiferencia estatal y gubernamental se materializó en el asesinato sistemático de los líderes sociales. Aquellas personas con iniciativa y capacidad de construir tejido social se volvieron blanco de una violencia que parecería ya arraigada a la cultura colombiana. Al gobierno Duque no queda más que exigirle resultados en contra de la aplicación del silenciamiento a estas personas, no sin antes advertirle de no caer en la llamada Seguridad Democrática de Uribe, que, para conseguir resultados y efectivismo militar, se llevó la vida de inocentes por delante.
Los grandes monumentos son erigidos como cargo de conciencia mezclado con agradecimiento a alguna ilustre vida que se perdió. Lo han hecho en Colombia y lo han hecho en el mundo. Ahora bien, si se quisiera hacer uno por los líderes sociales, éste tendría que ser tan grande como la culpabilidad del estado y gobierno colombiano en el asesinato sistemático de estos baluartes sociales.