Por Julián León
El pasado 24 de diciembre de 2018 el Gobierno Duque anunció su intención de prorrogar la medida de Santos sobre la prohibición de armas de fuego al menos por un año más. El decreto 2362, que iría en funcionamiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, otorga al Ministerio de Defensa la función de dictar las directrices a las fuerzas militares referentes a la expedición de permisos especiales de porte de armas para civiles. Por otro lado, queda exclusivamente referido a las autoridades militares la suspensión de dichos permisos cuando sea el caso.
La prorrogación del decreto sancionado por Santos en 2016 y que tuvo para esa época avances en materia de reducción del homicidio con armas de fuego -para 2015 se presentaron 9.007 homicidios, para 2016, año en que entra en función el decreto, bajaron a 8.591 y 2017 presentó 8.613 casos- encontró días después serios contradictores especialmente del mismo partido de Gobierno quienes solicitaban al MinDefensa cierta flexibilización de dichos permisos especiales. Uno de ellos fue Álvaro Uribe Vélez quien aseguró que parte de la ciudadanía “está pidiendo dicha flexibilización para protegerse de los grupos criminales”. A su paso la senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de Twitter lo que parecía ser un manifiesto al respecto; Cabal ponía de ejemplo la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que dicta como derecho fundamental del pueblo el porte de armas de fuego. Un ejemplo poco útil.
La sociedad estadounidense ha protagonizado en los últimos años un incremento del homicidio derivado del ataque con armas de fuego y que desde 2013 a 2018 ha dejado cerca de 291 tiroteos en escuelas de la Unión Americana, según revelan autoridades judiciales. El accionar de dichos casos, en la mayoría de veces, se ve reflejado en los llamados tiroteos los cuales tienen como protagonistas a personas con algún tipo de trastorno psicológico grave.
Nikolas Cruz, el joven autor confeso del tiroteo en la Institución de Parkland en febrero de 2018 y que dejó 17 personas muertas, resultó ser poseedor de trastornos mentales que lo condujeron en gran medida a protagonizar lo que se catalogó como “el tiroteo más letal en una escuela secundaría en la historia de EE. UU.”. Que el argumento más usado en Colombia para quienes persiguen esta flexibilización del porte de armas sea que los interesados se someterán a “excepcionalísimos” estudios de caso -incluidos exámenes psicológicos- refleja la falta de prever que el arma, en caso de autorizarse su porte, estará la mayoría de tiempo en un recinto familiar, con personas cercanas al portante y, probablemente, alrededor de terceros con prolongado acceso al instrumento de fuego. A ellos nunca los evaluará el MinDefensa y en una sociedad que poco o nada de interés percibe sobre la salud mental de sus ciudadanos, una flexibilización del porte de armas se convertiría en un asunto tipo “arma de doble filo”.
Lo característico -y su maldición tal vez- de la historia es que al ser circular varios de sus sucesos resaltables se repetirán en ciertos espacios de tiempo. Es el caso de las llamadas CONVIVIR, por ejemplo, que fueron los gérmenes del paramilitarismo en Colombia y que bajo la bandera de una “justicia y libertad” a manos propias y contra los vejámenes de las FARC, sembraron terror en la mayoría del territorio colombiano. Estos grupos criminales surgieron a partir de la conformación organizada y en un principio legal de ciudadanos con autorización de porte de armas y auspiciados por grandes terratenientes. Es paradójico que en una sociedad que está tratando de dejar atrás más de medio siglo de guerra civil, el partido de Gobierno siga en su cruenta lucha por hacer de la nación un nicho de ciudadanos reactivos al conflicto y contrarios a lo que se estipula como la construcción de una paz estable y duradera.
Además de lo anterior, de acuerdo a la Constitución colombiana, norma de normas y ley de leyes, el Estado debe ser el absoluto poseedor del monopolio de las armas. Recurrir a un rearme de la ciudadanía iría en consonancia con una desinstitucionalización de la justicia colombiana, al tornarse ésta en “justicia a manos propias”. Una solución estricta involucraría un serio ejercicio de seguimiento y decomiso policial a instancias ilegales que perpetúan la posesión de armas en manos criminales.
Se podrían enumerar muchos más argumentos contra la propuesta de una flexibilización del porte de armas en civiles principalmente sustentados desde la realidad internacional y la historia nacional, pero por recursos escritos el tema no da para más. Le queda al ciudadano de a pie desarrollar un ejercicio de reflexión sobre el tema y a los entes gubernamentales amplificar el debate, así como el análisis serio en torno al porte de armas por parte de la ciudadanía en Colombia. Los colombianos, o la mayoría por lo menos, no queremos vivir como soldaditos de plomo.
