Por Fabiola Chambi*
El escritor y periodista Martín Caparrós dice en el libro “Perdimos” que “la corruptela siempre estuvo aquí: en la Colonia, en las nuevas repúblicas, las viejas dictaduras, las renovadas democracias, en cada momento de los cinco siglos alguna regla se dobló por dinero, algún poder cobró por no poder o poder demasiado”.
Y es que la sociedad latinoamericana parece irremediablemente permeada por este fenómeno, desde los ciudadanos que ofrecen sobornos para evitar una multa en la calle a los grandes empresarios o funcionarios que protagonizan escándalos que ocupan las portadas de los periódicos. Como el reciente en Argentina.
Allí, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. La Justicia determinó su culpabilidad por el delito de administración fraudulenta, un fallo calificado como “histórico” por la prensa.
Ciertamente hay algunos antecedentes en la región como los casos de Luiz Inácio Lula Da Silva de Brasil; Alberto Fujimori y Ollanta Humala de Perú; Ricardo Martinelli de Panamá, y Carlos Menem de Argentina, que fueron detenidos para responder por sus actos ante la Justicia. Pero no es común que les suceda a altos funcionarios y menos aún mientras están en ejercicio.
Sin embargo, Fernández no irá a la cárcel porque tiene inmunidad debido a su cargo. Además, el proceso contempla una fase de apelaciones que pueden tomar años hasta llegar a una sentencia definitiva. En todo caso, para la vicepresidenta “esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.
Las palabras de Fernández simbolizan las tensiones entre los poderes del Estado, que en el tema de la corrupción llegan a un nivel peligroso, capaz de desestabilizar el orden constitucional.
Justamente esta semana el presidente peruano Pedro Castillo pasó de las palabras a los hechos, cuando intentó sin éxito disolver “temporalmente” el Congreso e “instaurar un gobierno de excepción”. Lo hizo como una salida desesperada pues el Legislativo se disponía a discutir una tercera moción de vacancia presidencial, por diversos delitos de corrupción.
Luego de su destitución, Castillo fue detenido y por sucesión constitucional asumió la presidencia la abogada Dina Boluarte. En las circunstancias, no resultó sorpresivo que al momento de jurar al cargo ella haya hecho enfasis en que trabajará por “rescatar a Perú de la corrupción y el desgobierno”.
Tanto la retórica de Cristina Fernández como la acción abusiva de Castillo, en este tiempo en que la cooptación de poderes está bajo la lupa en varios países, demuestran que la independencia judicial resulta fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Sin embargo esta lectura debe ser más profunda, como dijo a CONNECTAS Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia. “Obviamente la sanción tiene un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, pero eso nos ha llevado a que tal vez pongamos muchas de las apuestas en la capacidad de los sistemas judiciales para sancionar y no tanto en la efectividad de los instrumentos para generar mayor conciencia social y prevenir la corrupción”.
Christi Rangel, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, opina en un sentido parecido: “La corrupción también es consecuencia de que no haya medidas preventivas o normativas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y las contrataciones respetando los procesos y la capacidad”. Sin embargo, la activista y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, hacía otro énfasis: “Sin instituciones de vigilancia sólidas, la impunidad se convierte en la base misma sobre la que se construyen los sistemas de corrupción”.
Pero, en contextos complejos como los de América Latina, ¿es posible prevenir el fenómeno? El Observatorio Ciudadano de Corrupción presenta siete áreas específicas con acciones concretas: gobernabilidad democrática, transparencia y protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción en obras y contrataciones públicas, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos, fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción y mecanismos de seguimiento e informe sobre estas medidas.
Aunque la problemática está presente en toda la región, no todos los países tienen el mismo desempeño. El último reporte de Transparencia Internacional, con datos de 2021, revela un estancamiento en la lucha contra la corrupción.
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En este ranking sobre 180 países, Venezuela se ubica en la posición 177 con la percepción más alta de Latinoamérica con 14 puntos, seguida de Nicaragua y Haití con 20 puntos y Honduras con 23. En el lado opuesto están Uruguay con 73 puntos, Chile con 67, Costa Rica con 58 y Cuba con 46.
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Estas cifras también son indicadores de cómo la corrupción afecta la calidad democrática. Esto porque los funcionarios corruptos no solo usan el poder político para obtener beneficios para sí sino para empresarios privados bajo la sombra de los ilícitos. Y también porque la corrupción establece un distanciamiento con la ciudadanía que asume niveles de desconfianza muy difíciles de revertir.
“Los sistemas de pesos y contrapesos al poder no son lo suficientemente robustos, sobre todo en algunos países donde hay déficits democráticos, donde las formas de gobierno populistas han calado y se impone una forma de gobernar personalista con mucha concentración de poder y débiles controles”, explicó Rangel a CONNECTAS.
En este sentido algunos líderes populistas utilizan con éxito la lucha contra la corrupción como bandera electoral, debido al hartazgo de la gente sobre las prácticas corruptas de los políticos tradicionales. Sin embargo muchas de estas promesas se desvirtuaron o perdieron completamente porque una vez en el poder, esos presidentes asumieron medidas antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos.
El combate
Aunque el panorama resulta preocupante, alrededor del mundo muchas iniciativas buscan hacer frente a la corrupción, bajo la premisa de que hay un principio de corresponsabilidad. Como la Conferencia Anti-Corrupción que reúne a jefes de Estado, líderes empresariales, sociedad civil y periodistas de investigación de todo el mundo para definir lineamientos sobre iniciativas globales. “Desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos” es la consigna del evento de este año que se desarrolla esta semana en Washington.
Andrés Hernández destaca dos aspectos trascendentales por abordar: 1) Volver sobre la importancia de los principios democráticos revalorizando la defensa del espacio cívico y las voces críticas al poder desde el activismo o la prensa y 2) Luchar contra los regímenes cleptocráticos, los flujos financieros ilícitos y el crimen organizado transnacional.
“La problemática que enfrentamos genera un impacto muy alto en derechos humanos y está liderada por gente que tiene mucho poder (…) Necesitamos seguir discutiendo y fortaleciendo las herramientas para enfrentar esas dinámicas complejas, pero en una acción conjunta de toda la sociedad y el movimiento global anticorrupción”, enfatiza el experto.
No solo las acciones de coordinación transnacional pueden reducir el fenómeno, la sociedad civil es la primera llamada a comprometerse con este desafío. Pero eso requiere sobre todo comprender el daño tan grave que la corrupción causa en los sistemas democráticos cuando se vuelve parte de la rutina. Cuando la gente acepta que, tal vez, “si robo al Estado, no estoy robando a nadie”, o “todo el mundo lo hace, no es tan grave”. Bajo esa lógica de conveniencia es muy difícil ser agentes anti-corrupción.
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.
* Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS