La violación generalizada en términos de Derechos Humanos y la violencia sistemática que cada vez se expande y acentúa en muchos sectores de nuestro país, no ha sido un tema indiferente al poder Judicial Colombiano, que ha decidido y actuado en torno a un contexto de guerra que ha dejado un número inimaginable de heridos, muertos, desplazados y secuestrados en todo el territorio nacional. Esto, sin contar con la terrible aflicción que ha dejado este flagelo en los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Por ello se creó la Corporación Fondo de Solidaridad de los Jueces Alemanes con los Jueces Colombianos Víctimas de la Violencia – Rama Judicial, FASOL, una organización sin ánimo de lucro, creada en 1990 luego de lo ocurrido en la masacre de La Rochela y que, ha brindado su apoyo a la recuperación integral de las familias de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial asesinados, secuestrados o amenazados, por estar en función de sus actividades laborales.
La entidad ha seguido minuciosamente las acciones violatorias en contra de sus empleados, y según sus registros e informes, el conflicto armado interno ha dejado una cifra aproximada de 308 funcionarios asesinados entre 1989 y 2015. También, un número de 611 personas amenazadas y 40 exiliadas, 129 atentados, 40 desapariciones, 45 secuestros, 25 judicializados y 35 desplazados.
La violencia contra los funcionarios judiciales puede llegar a ser una clara retaliación por su accionar laboral. Algunas de las acciones violatorias anteriormente mencionadas, han sido provocadas por varios actores armados y carteles de narcotráfico existentes en el país, quienes en primer lugar, amenazan para intimidar a sus víctimas y provocar así, que actúen de acuerdo a sus intereses; y en segundo lugar, asesinan, si los funcionarios se niegan a cumplir sus deseos.
Estas formas de intimidación provocan que la estructura judicial no pueda desempeñar su labor de la forma correcta, ni tengan independencia en sus investigaciones, como bien lo afirma (Silva, 2010) “lleva a que el juez sea una figura decorativa, incapaz de cumplir su función social, debido a que sólo soluciona casos de menor impacto por el temor de perder la vida o de ser objeto de agresión por los actores armados” (p. 99)
Entonces son los homicidios, atentados y las amenazas, los mecanismos de presión más utilizados por estos actores armados para fortalecer su poder. Han sido Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y narcotraficantes, los responsables de al menos el 99% de las acciones violatorias perpetradas a la Rama Judicial en todo el territorio nacional.
Las estadísticas demuestran que entre el año 2000 y 2006 fueron asesinados 8 funcionarios judiciales, y otros tantos entre 2014 y 2008, unos casos desconocidos, en tanto que otros no se derivan precisamente del cumplimiento de sus funciones (Silva, 2010).
Algunos de aquellos casos se describen a continuación.
Ramiro Garzón, agente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, fue secuestrado por las FARC el 25 de Agosto del 2000, su cuerpo sin signos vitales fue hallado el 30 de agosto del mismo año. Las razones por las que se llevó a cabo el crimen aún se desconocen, sin embargo, según el testimonio de su esposa, María del Pilar Rodríguez, él nunca fue víctima de amenazas ni atentados en su contra, aunque se encontraba realizando investigaciones sobre delitos cometidos por grupos al margen de la ley, lo que determinó su partida.
Wilson Armando González era un fiscal especializado de Tumaco y agente del CTI. Fue asesinado por las FARC el 10 de septiembre de 2005. Formaba parte de una comisión judicial que efectuó una operación antinarcóticos en una zona rural de la ciudad. Allí se destruyeron dos laboratorios donde se procesaba coca y decomisaron cerca de 5.000 cartuchos para fusil.
Hugo Hernán Perafán Gómez, investigador balístico del CTI, fue atacado en su casa frente a su familia, por un sicario llamado Daniel Enrique de los Reyes Fuentes, quien pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y seguía las órdenes de un narcotraficante que operaba en la región del Meta. Él le propinó dos disparos contundentes al funcionario que le provocaron la muerte.
Ante estos hechos, es importante mencionar que, a la fecha no se han condenado a los responsables, tampoco se han presentado avances en los casos, o por lo menos, ese es el caso de Hugo Perafán.
Es preciso indicar que los actores armados y narcotraficantes, no solo han intimidado por medio de asesinatos y amenazas: también han optado por utilizar diversas formas de cooptación o infiltración mediante congresistas o funcionarios públicos para seguir teniendo el control de las decisiones judiciales que se toman en el país y facilitar su accionar criminal.
Ésta hace referencia, por una parte, a la incidencia política de esos actores criminales en los procesos de selección y conformación de la planta de funcionarios judiciales con el fin de que ella sea constituida por personal que actúe conforme a sus intereses de forma directa o indirecta, o por lo menos que esté integrada por personas que incidan significativamente en su funcionamiento interno en puestos de mando o de control, o que tengan acceso a la información privilegiada que allí se procesa, con el fin de planear y ejecutar estrategias de impunidad que favorezcan sus actuaciones criminales. Otros de los métodos empleados por estos actores han sido el soborno de funcionarios y algunas formas de corrupción (Silva, 2010, p.108)
Los ataques directos e indirectos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía, deja en evidencia cuál es la otra cara del conflicto. El accionar delictivo de estos grupos al margen de la ley contra este poder estatal facilita su camino criminal y evita que se descubran las raíces de sus delitos. De ello el país fue testigo en la toma del Palacio de Justicia y en lo acontecido en la masacre de La Rochela, hechos en los que participaron de manera activa algunos miembros del Ejército Nacional Colombiano. Planteamiento del problema.
