El 18 de enero de 1989 Colombia fue testigo de uno de los ataques más impactantes que ha sufrido la rama judicial hasta el momento.
Una comisión judicial de quince funcionarios de San Gil y Bogotá fue enviada al corregimiento La Rochela, Santander- corazón del Magdalena medio, con el fin de investigar una serie de crímenes, homicidios, desapariciones y masacres, ocurridas en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, entre 1987 y 1988.
Una comisión judicial de quince funcionarios de San Gil y Bogotá fue enviada al corregimiento La Rochela, Santander- corazón del Magdalena medio, con el fin de investigar una serie de crímenes, homicidios, desapariciones y masacres, ocurridas en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, entre 1987 y 1988.
Una vez llegaron al lugar, un grupo aproximado de 40 hombres pertenecientes a las Autodefensas de Puerto Boyacá se hicieron pasar por guerrilleros y les indicaron a los integrantes de la comisión que se acercaba una guerra contra el ejército, les ordenaron cambiar el camino. Luego de recorrer unos kilómetros, les hicieron detener los vehículos,los bajaron, los amordazaron y horas más tarde los asesinaron.
A este acontecimiento se le llamó la masacre de La Rochela. En el ataque, el grupo paramilitar asesinó a doce de los quince investigadores judiciales, por orden del entonces narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del Cartel de Medellín. Los asesinados en el atentado fueron:
- Mariela Morales Caro(Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil)
- Pablo Antonio Beltrán (Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil)
- Samuel Vargas (Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil)
- Gabriel Enrique Vesga (Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil)
- César Augusto Morales (Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil)
- Yul Germán Monroy (Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá)
- Carlos Fernando Castillo (Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá)
- Orlando Morales (Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial)
- Virgilio Hernández (Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá)
- Benhur Iván Guasca (Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial)
- Luis Orlando Hernández (Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá).
- Arnulfo Mejía (Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil)
Un mes después de lo acontecido, las autoridades lograron capturar al ex paramilitar y autor material del hecho, Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, quien declaró que la masacre había sido ordenada por Gonzalo Rodríguez Gacha y realizada por las Autodefensas de Puerto Boyacá, con la ayuda inédita de los generales Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado y Alfonso Vacca.
Aunque fue declarado un crimen de “lesa humanidad” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007, los familiares de las víctimas aún siguen buscando la verdad de los hechos, justicia y reparación. “El Estado ha tenido intenciones de avanzar con los procesos de reparación, pero nos ha faltado en todo lo que tiene que ver con justicia, porque un proceso de reparación integral, viene acompañado de un proceso de reparación de verdad, memoria y justicia”,insiste Alejandra Beltrán Uribe.
Vea el especial completo aquí: Especial: Masacre de la Rochela: 30 años de un crimen que aún no se olvida
¿Qué crímenes iba a Investigar la comisión en Santander?
Según el informe del Centro de Memoria Histórica, la masacre fue ejecutada por varias razones. La primera estaba relacionada con Henry Pérez, máximo comandante de las autodefensas de Puerto Boyacá. Él y otros líderes paramilitares querían impedir que la comisión de Instrucción Criminal investigara lo acontecido en los siguientes crímenes:
Masacre de 19 comerciantes: El seis de Octubre de 1987 en Puerto Araujo, Santander, un grupo de 17 comerciantes fue secuestrado por las Autodefensas de Puerto Boyacá cuando transportaban mercancía de Cúcuta a Antioquia. Los comerciantes fueron acusados de ser guerrilleros por grupos paramilitares existentes en la zona, razón por la cual, los llevaron a la finca El Diamante en Puerto Boyacá, allí los torturaron y asesinaron, posteriormente arrojaron sus cuerpos al río Magdalena. Días después dos comerciantes más fueron a conseguir pruebas de sus compañeros, sin embargo, contaron con la misma suerte.
Masacre La mejor esquina: Durante la celebración del domingo de Resurrección a las afueras del corregimiento La Mejor Esquina, Córdoba, el 3 de abril de 1988, un grupo de 15 paramilitares pertenecientes a ‘Los Magníficos’, que para entonces era liderado por Fidel Castaño, dispararon sin razón contra todo el pueblo asesinando a un total de 27 personas, entre ellos,un menor de edad.
Masacre El Tomate: El 30 de agosto de 1988 fue retenido por paramilitares al mando de Fidel Castaño, un bus de servicio público que transportaba cerca de 15 personas hacia el Corregimiento de Popayán, San Pedro de Urabá, Antioquia. El conductor bajo amenaza, manejó hasta el corregimiento El Tomate y una vez llegó, el grupo paramilitar asesinó a las 15 personas y quemaron vivo al conductor. Luego dispararon sin pudor a los habitantes del corregimiento e incendiaron sus casas. Hubo un total de 22 casas quemadas y 16 personas muertas; los sobrevivientes decidieron irse del pueblo.
UNA SEGUNDA MOTIVACIÓN TUVO QUE VER CON EL CARTEL DE MEDELLÍN, PUES BUSCABA QUE LA COMISIÓN NO DESCUBRIERA UN CULTIVO DE COCA QUE EXISTÍA PARA ESE ENTONCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA.
La tercera hipótesis se vincula directamente a los nexos paramilitares que tenía Tiberio Villareal, para el entonces congresista, quien se reunió con Henry Pérez y le pidió que, una vez cometido el asesinato, dejara en su poder los expedientes que tenía “supuestamente” la comisión; pues lo vinculaban con la entrega de contratos públicos a grupos de paramilitares.
El informe de Memoria Histórica sobre el hecho, da cuenta también de las reuniones que sostuvieron los paramilitares, el Cartel de Medellín y los políticos de la zona días antes
de la llegada de la comisión, encuentros en los que al final se estableció el límite de vida de los investigadores. Después de algunos años, este hecho fue declarado como un crimen de Estado tras comprobarse la participación de agentes estatales en la masacre. Es preciso indicar que los tribunales que acogieron el caso en el ámbito internacional señalaron que miembros de grupos paramilitares no actuaron como agentes privados sino como miembros de la fuerza pública.
Vea la sentencia: Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de la Masacre de La Rochela
Si bien los cuerpos les fueron entregados a los familiares, ellos siguen esperando la verdad de los hechos, aunque existen una serie de incógnitas que lo abrazan, como por ejemplo ¿por qué Carlos Eduardo Lozano, director en ese entonces de la Instrucción Criminal, envió con poca protección a la comisión? o ¿por qué enviaron a Yul Germán y a Orlando Morales, los dos más nuevos en el cargo, sin una preparación previa dados los conflictos sociales que existían en el territorio?
Tampoco se sabe ¿por qué Mariela Morales Caro, única jueza mujer de la comisión, se reunió en secreto con los paramilitares y una vez salió, obligó a los investigadores a dejar las armas para ser amordazados?, esto según las declaraciones de los tres sobrevivientes de la masacre.
