La posibilidad de paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19), se desvaneció una vez el Gobierno Nacional incumpliera lo pactado en los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984 con la organización. En dicho documento se estipulaba un cese al fuego bilateral y la búsqueda de una salida política y pacífica al conflicto armado en el país, hecho que motivó la acción violenta que días después tuvo lugar a pesar de las advertencias.
A las 11:45 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del movimiento M-19, se tomaron por asalto las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá. Este acontecimiento fue llamado “La Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, y llevado a cabo con el fin de entablarle un juicio público al gobierno de Belisario Betancourt, entonces presidente, para reclamarle por el incumplimiento a la tregua establecida con la organización.
Cerca de 350 personas entre magistrados, consejeros de estado, visitantes y empleados que se encontraban dentro del recinto, fueron tomados como rehenes por la organización guerrillera, liderada por los comandantes Andrés Almarales, Alfonso Jacquin y Luis Otero. Ante el hecho, el Ejército Nacional y la Policía rodearon el edificio, y aunque horas más tarde lograron ingresar a las instalaciones para recuperar el control de la situación, algo que ellos llamaron “la operación rastrillo” o “retoma del Palacio”, esta incursión se convirtió en un desastre inevitable.
Según los testimonios de algunos sobrevivientes, una vez la fuerza pública pisó las instalaciones del Palacio, lo incendiaron y acorralaron de tal forma a los guerrilleros, que la única salida que quedaba era negociar. Sin embargo, los militares se negaron, a pesar de que los rehenes seguían allí.
Al respecto de la retoma del Palacio, el General de tres soles del Ejército Nacional, Rafael Zamudio Molina, envió un claro mensaje a sus tropas: “entiendo que no han llegado los de la cruz roja, por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor consolidar y acabar con todo” (Hagamos memoria: Los desaparecidos del Palacio de Justicia, 2014).
Luego de casi 12 horas de combate, la fuerza pública obtuvo la ventaja completa de la situación cuando acorraló a los guerrilleros y a varios de sus rehenes. Fue entonces cuando se conocieron las súplicas que hizo por vía telefónica, Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, desde uno de los baños donde aguardaba junto con otros prisioneros. Pidió dramáticamente un cese al fuego por parte de las autoridades:
"Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él".
(Revista Semana, 2015).
Los acontecimientos de los días 6 y 7 de noviembre transcurrieron de forma violenta. En el
suceso murieron 98 personas, varias no fueron identificadas y once desaparecidos, entre
ellos:
- Carlos augusto Rodríguez Vera, estudiante de derecho y administrador de la cafetería.
- David Suspes Celis, estudiante de Ingeniería de Alimentos y Chef en la cafetería.
- Cristina del Pilar Guarín Cortés, licenciada en Ciencias Sociales y cajera de la cafetería.
- Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, meseros de la cafetería.
- Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, con siete meses de embarazo, ayudantes de cocina.
- Irma franco Pineda, estudiante de derecho y guerrillera del M-19.
- Carlos Horacio Urán Rojas, Asistente del Consejo de Estado.
- Luz Amparo Oviedo de Arias, visitante ocasional del Palacio de Justicia.
Algunas de estas personas, según los registros fílmicos de la época, salieron vivas del Palacio custodiadas por soldados; fueron llevadas, unas al museo Casa del Florero, otras a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, y otras al Centro de Interrogación Cantón Norte, por órdenes del Coronel Alfonso Plazas Vega. Aunque se encontraban presuntamente a “salvo”, ninguno regresó para reencontrarse con su familia y hasta el día de hoy, sus restos continúan desaparecidos.
Sobre esto, cuatro años después de la masacre el testigo perdido, Ricardo Gámez Mazuera, quien para ese entonces era agente de inteligencia del Estado, declaró ante la Procuraduría General de la Nación que “el señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió de las instalaciones y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí lo enviaron a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe”. Esto con el fin, de castigar al supuesto cómplice del M-19.
También confirmó que el administrador fue sometido a torturas durante cuatro días, sin consumir ningún alimento ni bebida: “fue colgado varias veces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego se las arrancaron. Él siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo”.
Vea la declaración completa aquí: Testimonio de Ricardo Gámez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales.
En cuanto a lo sucedido con Irma franco Pineda, guerrillera del M-19, fue liberada viva de acuerdo a los testimonios recopilados, sin embargo, acorde a la grabación que existe como evidencia, se comprobó que el coronel Luis Carlos Sadovnick dio la orden a Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del Bloque 02 del Ejército, de asesinarla, indicando que “si aparece la manga, no aparezca el chaleco“.
Según el abogado de derechos humanos, Germán Romero, en la Casa del Florero se estableció el puesto de tortura al mando del Ejército Nacional. Allí ejercían el mando los comandantes Arias Cabrales y Sánchez Rubiano, junto con el Coronel Alfonso Plazas Vega, (Hagamos memoria: Los desaparecidos del Palacio de Justicia, 2014).
Existen muchas preguntas en torno al caso, una de ellas y tal vez la más importante es ¿por qué si el M-19 había anunciado con anterioridad sus planes de irrumpir en las instalaciones del Palacio de Justicia no hubo reacción alguna por parte del Gobierno?
Cierta aseveración se encuentra argumentada en la publicación que hicieron el 18 de octubre de 1985 los periódicos más reconocidos del país como El Tiempo, El Bogotano o El Siglo, quienes informaron de un aparente plan del Movimiento 19 de Abril (M-19) para ocupar el Palacio de Justicia.
También, un mes antes de la toma oficial, el Ministro de Defensa de la época, el General Miguel Vega Uribe, reveló en una intervención ante el Senado el contenido de un texto anónimo enviado directamente al Comando General de las Fuerzas Armadas, el cual indicaba que el M-19 planeaba tomarse las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia el 17 de octubre, con el fin de exigirle al Gobierno nacional la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos.
Era un crimen anunciado y a pesar de ello, la seguridad en el Palacio de Justicia aquel 6 de noviembre fue ineficiente. Las Fuerzas Armadas ignoraron los avisos del grupo guerrillero, pero, aun así, estaban preparadas para enfrentarlo todo. Se puso en marcha el plan denominado “Operación Rastrillo”, de donde partió el desenlace cruel y dramático de la historia.
En torno a lo sucedido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 emitió una resolución en la cual señaló al Estado colombiano de ser el responsable de los hechos, de la violación de derechos humanos y de las desapariciones.
Vea quí la sentencia: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO RODRÍGUEZ VERA Y OTROS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
Nunca se sabrá con exactitud el porqué de lo ocurrido, ni el motivo por el cual los militares ejercieron presión sobre los rehenes, del porqué los secuestraron y los torturaron de la forma que lo hicieron. Tampoco se sabrá, por qué después de 33 años las familias siguen sin saber el lugar donde se encuentran los restos de sus familiares.
