Por: Liliana Andrea Duarte Vargas, Paula Alejandra Pulido Hurtado y Karen Dayana Suárez Niño
Durante marzo de 2024 en Nigeria se llevaron a cabo una serie de secuestros por parte de integrantes del grupo yihadista sunita, Boko-Haram. El primer caso de toma de rehenes sucedió el 7 de marzo en Kuringa en el Estado de Kaduna, durante el inicio de la jornada de clases. El grupo secuestró al menos 280 alumnos y maestros, según información por habitantes de la zona a la Agencia Francesa de Prensa (AFP). Posteriormente ocurrieron 2 secuestros más, uno de ellos el 16 de marzo en Dogon Noma, pueblo aledaño de Kajuru, donde fueron raptadas 16 personas más. Luego el 17 de marzo este grupo armado raptó a 87 personas en los alrededores de la estación de Kajuru.
Según las familias afectadas señalan que esta serie de secuestros ha sido abordada de manera ineficaz por parte de las autoridades, que a pesar de expresar que están haciendo “todo lo posible” por la liberación de las personas apresadas, no brindan soluciones ni acompañamiento a las comunidades perjudicadas.
Más allá de la coyuntura por estos tres acontecimientos, la realidad es que Nigeria ha padecido de una crisis de seguridad, que se remonta a 10 años atrás, con el primer secuestro perpetrado por Boko-Haram en 2014. Es necesario reconocer quiénes son Boko-Haram, y de qué manera se da su aparición en el país africano.
Según Amnistía Internacional y la BBC de Inglaterra, el grupo yihadista Boko-Haram nació en 2002 al norte del país, fundado por el clérigo Mohamed Yusuf, con el fin de instaurar un gobierno basado en la ley islámica, que incluye prohibiciones a participar en cualquier actividad de índole política o social, que esté vinculada a valores occidentales como votar o recibir educación laica o secular. Su objetivo político en inicios era claro: crear un estado islámico a través del adoctrinamiento y reclutamiento en pro de los fines yihadistas.
En 2009, luego de una serie de ataques y contraataques de las fuerzas de seguridad nigerianas, se logró encontrar su sede principal de operaciones, que condujeron al desmantelamiento de la organización, dando por “terminado” el ciclo de Boko-Haram en el país. Sin embargo, y de manera inesperada para las autoridades estatales de entonces, en 2010 los militantes se congregaron nuevamente, con la participación de un nuevo líder, Abubakar Shekau, que fuera seguidor y estudiante de Mohamed Yusuf, que lideraría al grupo hasta 2021 debido a su fallecimiento.
El modus operandi de Boko-Haram desde entonces se caracterizó por violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con acciones como bombardear a civiles, usar a niños como terroristas suicidas y ejecutar secuestros en escuelas, Por estas, entre tantas otras razones fueron declarados en 2013 como grupo terrorista activo por parte de Estados Unidos, al tiempo que Nigeria declaró el estado de emergencia en los Estados donde estos grupos estaban más presentes.
A pesar de que los inicios de la agrupación se remontan a 2002, fue el 14 de abril de 2014 que Boko-Haram se hizo conocido de manera global, luego de que secuestraran a 276 niñas en una escuela secundaria de Chibok en el Estado de Borno. Según datos de Amnistía Internacional, únicamente una parte de las niñas apresadas ha logrado escapar por sus propios medios del cautiverio, mientras que otras fueron liberadas posteriormente gracias a una campaña intensiva llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil y por negociaciones gubernamentales.
En muchos de sus testimonios, estas niñas expresaron haber sufrido verdaderos horrores y violencias sexuales durante el cautiverio. Algunas afirman que incluso fueron forzadas a matrimonios con sus secuestradores. A pesar de los esfuerzos, al día de hoy, aún permanecen apresadas 82 de las secuestradas inicialmente, y varios niños y niñas han sido secuestrados en ataques posteriores.
Esta problemática demuestra el complejo panorama de la educación en un contexto de violencia, y como expresó Anitie Ewang, investigadora en Nigeria para la organización Human Rights Watch, “Para muchos niños en el norte de Nigeria, el seguimiento de una educación significa enfrentarse a la amenaza constante de secuestro”, situación que 10 años después del apresamiento de las 276 niñas no ha cambiado por cuenta de los 3 casos recientes ocurridos en marzo.
Según cifras de la ONG Save The Children, más de 1600 menores han sido secuestrados desde 2014 en el norte de Nigeria, y en los últimos 6 años se han llevado a cabo 17 secuestros masivos en múltiples escuelas del país, hecho que trae como consecuencia que los jóvenes duden de continuar con sus estudios, pues se sienten inseguros en otro lugar que no sea su hogar.
A pesar de lo que se esperaría, tras un conflicto tan extendido a lo largo del tiempo, las respuestas gubernamentales han sido infructuosas. Según The Human Rights Watch, a pesar de que el Gobierno Nigeriano sostuvo la iniciativa de contribuir con una intervención, debido a las presiones internacionales, en pro de proteger la educación y evitar el uso militar de las escuelas convertidas en blancos de violencia, iniciativa que contó con fondos iniciales de diez millones de dólares para hacer más seguros los centros educativos, y que postulaba estrategias como movilizar los colegios a zonas más seguras, de la mano del modelo Escuela Segura que sería desplegado en los Estados más afectados por los yihadistas como Borno, Adamawa, Yobe, Kaduna, el proyecto no contó con ninguna clase de impulso, evidenciando la ausencia de un programa nacional y de liderazgo efectivo por parte del Ministerio de Educación Nigeriano.
El papel del Gobierno en esta problemática ha sido limitado, pues a pesar de que ha tenido unos pocos rescates exitosos, no han podido llevar ante la justicia o neutralizar a ningún secuestrador de este grupo. Las familias afectadas sufren su propio drama, debido a que por cada rescate los terroristas piden grandes sumas, que se aproximan a casi 566.238 euros, según información del líder comunitario Jubril Aminu a la agencia de noticias Reuters.
El Gobierno ha advertido que no se permite el pago de los rescates, so pena que quien contravenga esta decisión recibirá una sanción por ilegal, debido a la Ley de Prevención del Terrorismo de 2022, que imposibilita estos pagos con el fin de evitar que los grupos armados realicen lavado de dinero. Este argumento ha sido señalado como una incoherencia por parte de las autoridades gubernamentales, puesto que en reiteradas ocasiones han asegurado que no dejarán morir a ningún niño. Las familias ruegan al Gobierno y al mundo que se haga justicia, ya que están cansados de la inseguridad y de una situación que ya lleva una década que afecta su estilo de vida.
Otro aspecto que representa gran importancia en este desafío social es el componente migratorio. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2015 las cifras de desplazamiento interno en Nigeria rondaron el millón de persona. William Lacy Swing, director general de la OIM en su momento señaló: “La gran escala de esta insurgencia brutal se está volviendo cada vez más evidente”. La OIM advirtió en ese momento que cada vez había más pruebas sobre conflictos que rebasaban las fronteras de Nigeria y que afectarían a países vecinos como Camerún, Níger y Chad. Según cálculos de la OIM, las personas afectadas por esta problemática en las poblaciones fronterizas sumaban 120.000 en aquella época.
Otro grupo armado que se suma a la difícil ecuación de la violencia en Nigeria es el Estado Islámico-Provincia del África Occidental ISWAP, un grupo terrorista que a menudo está en conflicto con Boko-Haram. Una investigación realizada por el Departamento Nacional de Seguridad (DSN) en España, posterior a la muerte del líder de Boko-Haram, Abubakar Shekau, señala que estas dos organizaciones, a pesar de sus diferencias, se han aliado en algunos de sus objetivos comunes relacionados con su propósito de profesar las leyes islámicas.
Información de la Ficha País de Nigeria, realizada por la Unión Europea en 2023, expresa que esta agrupación parece tener una mayor capacidad de movilidad en el norte del país y que han expresado su intención de establecer un califato en el Estado de Níger al Oeste del país, de manera que sus acciones, aunque presentes, no se expresan en totalidad en el territorio nigeriano.
A pesar de que un año atrás, durante el posicionamiento del nuevo presidente Bola Tinubu, uno de sus mayores postulados era resolver esta situación, asegurando que abordaría el desafío con reformas a los servicios de seguridad con más personal, mejor capacitado, aumento de salarios y afianzamiento en el equipamiento de seguridad, no se ha visto una postura contundente para el afrontamiento de la situación, que según datos de Amnistía Internacional, en este año ha dejado una cifra aproximada de 680 personas secuestradas, de las cuales, en un gran porcentaje, corresponde a niños y niñas.
Condenar los crímenes perpetrados no es suficiente, especialmente cuando millones de habitantes, en su mayoría niños y niñas, se enfrentan a una crisis de seguridad cada vez menos favorable.
El llamado de la comunidad internacional es a que se emprenda una acción concertada para garantizar que la infancia viva en un entorno seguro, y acceda a la educación sin el temor constante de ser atacados o separados de sus familias, como lo expresó la UNICEF en 2021: “Hay que hacer todo lo posible para revertir la espiral de la crisis de protección de los niños, ya que la región está al borde de la catástrofe”, cosa que no se ha visto evidenciada en las acciones tomadas frente a la problemática por parte del Gobierno Nigeriano, el cual no ha sido coherente con sus acciones y sus discursos. Solo mediante un esfuerzo coordinado y sostenido se les podrá asegurar un futuro más estable y prometedor a las generaciones venideras en estas comunidades, que llevan más de una década siendo afectadas.