Por: Danniela Rodríguez
En Colombia, los usuarios del sistema de salud cargan con enfermedades, demoras y trámites engorrosos, y también con las consecuencias de decisiones administrativas y disputas jurídicas.
La situación de la EPS Sanitas, una de las más grandes del país con más de 5,8 millones de afiliados, es ejemplo de cómo la salud termina atrapada entre el poder del Estado, los intereses privados y una institucionalidad desbordada.
A un año de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y en medio de un reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó esa medida, Sanitas se mueve entre la incertidumbre legal, la crisis financiera y la presión de millones de usuarios que esperan mejor atención.
El 2 de abril de 2024, la Supersalud intervino administrativamente a Sanitas, alegando un deterioro financiero que amenazaba la prestación del servicio. Entre los argumentos para esta medida destacaban deudas superiores a los 2 billones de pesos con clínicas y hospitales, problemas en el suministro de medicamentos, sobrecostos administrativos y contratos cuestionables, como un acuerdo farmacéutico de 15 años con un solo proveedor.
Según la Superintendencia, estos hallazgos demostraban que Sanitas ya no garantizaba condiciones mínimas para operar en el sistema. La medida incluyó la toma de control de los bienes de la EPS por un año, bajo la figura de un interventor designado por el Gobierno.
Desde el primer momento el grupo español Keralty, propietario de la EPS, rechazó la intervención, acusó al Gobierno de expropiación encubierta y anunció acciones legales nacionales e internacionales.
Para contrarrestar el desgaste público y responder a la presión estatal, la nueva administración presentó en febrero de 2025 un plan de choque de 90 días, que incluía medidas urgentes para mejorar la entrega de medicamentos, la atención a pacientes con enfermedades crónicas y el fortalecimiento de la red de servicios médicos.
El interventor Kemer Ramírez, aseguró que Sanitas ya mostraba señales de mejora, pero los usuarios contaban otra historia, pues durante los meses de intervención las quejas aumentaron, se presentaron retrasos en la asignación de citas, fallas en la entrega de medicamentos y deficiencias en la atención de enfermedades de alto costo.
Aunque el plan buscaba mostrar que la EPS aún podía recuperar el rumbo, la percepción ciudadana se deterioró. Para muchos pacientes el discurso técnico no se tradujo en hechos concretos.
El 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional dio un giro inesperado al declarar nulas las resoluciones con las que la Supersalud intervino Sanitas. Según el alto tribunal, se violaron los derechos fundamentales de la EPS, incluyendo el debido proceso, al no permitir una defensa adecuada antes de la toma de control.
Con este fallo, Sanitas recupera su administración y el Gobierno queda obligado a replantear sus mecanismos de supervisión. La Corte además envió el caso a revisión en el marco de la Sentencia T-760 de 2008, que convirtió la salud en derecho fundamental y sentó las bases de la actual regulación del sistema.
Paralelo al fallo de la Corte, Sanitas emprendió acciones fuera del país. En enero de 2025, Keralty demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), bajo el argumento de violación al tratado bilateral de inversión entre Colombia y España.
La cifra reclamada asciende a 1.200 millones de dólares y el caso podría convertirse en uno de los más costosos para el país en arbitrajes internacionales. La defensa del país argumenta que actuó en función del interés público, mientras que Sanitas sostiene que fue víctima de una decisión política disfrazada de regulación.
En medio de esta tormenta jurídica y política, los más perjudicados siguen siendo los afiliados como pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores, que reportan demoras de semanas o meses para acceder a servicios básicos, tratamientos especializados o exámenes de alto costo.
Con el fallo de la Corte, el control de la EPS regresa a manos de Sanitas, lo que no significa que los problemas desaparezcan, pues la entidad debe enfrentar varios frentes en simultáneo como la recuperación de su capacidad operativa y financiera, demostrar mejoras reales en la atención a los usuarios, responder ante el CIADI por la demanda en curso y sostener relaciones contractuales con una red de prestadores que han perdido confianza en su gestión.
