Colombia, 04 de abril 2026 – Juan Manuel Galán formalizó ayer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que responsabiliza al Estado colombiano por el colapso en la atención de pacientes con enfermedades de alto costo y condiciones raras. En su intervención, Galán sostuvo que la situación ha dejado a miles de personas sin acceso oportuno a tratamientos esenciales y que, frente a la gravedad del problema, era necesario acudir a instancias internacionales para solicitar medidas cautelares que garanticen la protección inmediata de quienes hoy están en riesgo.
El dirigente político presentó ante la CIDH un relato que mezcla cifras, testimonios y casos puntuales para ilustrar lo que calificó como un fallo sistémico. Entre los ejemplos citados por Galán figura la muerte del menor Kevin Acosta, cuyo caso, según el denunciante, evidencia la incapacidad del sistema para asegurar la entrega de medicamentos vitales. Para el líder del Nuevo Liberalismo, estas fallas no son meras deficiencias administrativas sino el resultado de decisiones políticas que han debilitado la capacidad operativa y financiera del sector salud.
En su escrito, Galán atribuye responsabilidades directas al presidente de la República y a los altos mandos del Ministerio de Salud, señalando que las políticas adoptadas en los últimos años han contribuido al deterioro de la prestación de servicios. Acompañado de documentos y denuncias de pacientes y familiares, el líder político pidió a la CIDH que evalúe la situación y, de considerarlo procedente, ordene medidas que obliguen al Estado a garantizar el acceso a tratamientos y a proteger la vida de quienes dependen de ellos.
La denuncia incluye una estimación del impacto humano: Galán afirmó que desde 2025 y en lo que va de 2026 habrían fallecido alrededor de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas como consecuencia de restricciones administrativas y demoras en la atención. Esa cifra, dijo, refleja una emergencia que exige respuestas inmediatas y no puede quedar en manos de explicaciones técnicas o de promesas de mejora a largo plazo. Para él, la prioridad es evitar más pérdidas humanas mediante intervenciones que aseguren la continuidad de los tratamientos y la disponibilidad de medicamentos.
La presentación ante la CIDH busca, además, presionar para que el próximo gobierno asuma un plan de recuperación integral del sistema de salud. Galán planteó que la reconstrucción deberá incluir no solo la inyección de recursos sino también reformas institucionales que mejoren la gestión, la transparencia en la compra y distribución de fármacos, y mecanismos que garanticen la continuidad de las cadenas de suministro. En su diagnóstico, la recuperación exige un proceso sostenido que combine medidas administrativas, financieras y técnicas.
La reacción política fue inmediata y diversa. Para algunos sectores, acudir a la CIDH es una vía legítima cuando las vías internas no han dado resultados; para otros, la acción tiene un claro componente político en un contexto electoral. En cualquier caso, la denuncia obliga al Gobierno a responder con datos verificables y a presentar planes concretos que demuestren capacidad de gestión y mitigación del riesgo para los pacientes. La Comisión, por su parte, deberá evaluar si procede la adopción de medidas cautelares, lo que implicaría un llamado formal al Estado para proteger derechos en riesgo.
Organizaciones de pacientes y familiares han venido denunciando demoras, negaciones y trámites que dificultan el acceso a tratamientos de alto costo. La denuncia de Galán amplifica esas voces y las coloca en un escenario internacional, con la expectativa de que la CIDH actúe con rapidez si encuentra indicios de riesgo grave e inminente. Mientras tanto, las familias afectadas esperan respuestas concretas y soluciones que no demoren.
El trámite ante la Comisión no es automático: la CIDH analizará la documentación presentada, valorará la existencia de riesgo y decidirá si concede medidas cautelares. Si las adopta, el Estado tendría la obligación de implementar acciones inmediatas para proteger a las personas señaladas en la petición. De no hacerlo, la presión internacional y el escrutinio público podrían intensificarse, con consecuencias políticas y jurídicas para las autoridades responsables.
La denuncia de Galán marca un punto de inflexión en el debate sobre la salud pública en Colombia. Más allá de las diferencias políticas, el reclamo pone en el centro la urgencia de garantizar el derecho a la salud y la vida de quienes dependen de tratamientos continuos. En los próximos días será clave la respuesta oficial: datos precisos sobre mortalidad y atención, medidas de contingencia y un plan claro para restablecer la normalidad en la prestación de servicios. Para miles de pacientes y sus familias, esas respuestas no pueden esperar.
