La Procuraduría General de la Nación remitió una petición formal a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a quienes, según la entidad, habrían utilizado a niños como escudos humanos durante enfrentamientos entre miembros de la comunidad emberá y la Policía en las inmediaciones del Ministerio del Interior. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a adultos colocando a menores en la primera línea de la protesta, tomados de la mano y expuestos al avance de las autoridades, lo que motivó la intervención de varias entidades estatales.
En la carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach calificó la conducta como una “instrumentalización inaceptable de menores” y pidió la apertura inmediata de investigaciones, así como la individualización de responsabilidades para determinar si los hechos configuran delitos tipificados en la legislación penal y en la normativa de infancia. La Procuraduría advirtió sobre el riesgo inminente para la vida y la integridad física de los menores expuestos.
La reacción del Ejecutivo y de organismos de protección fue rápida. El presidente Gustavo Petro expresó su condena a través de redes sociales y afirmó que “los niños y las niñas son primero en la sociedad”, mientras que la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, anunció que se han interpuesto denuncias y que se activarán procesos para identificar a los responsables y proteger a los menores. El ICBF aseguró que ofreció albergue y atención para los niños, oferta que, según versiones oficiales, fue rechazada por algunos líderes de la protesta.
La situación plantea un choque entre la protección de la infancia y el derecho a la protesta, además de interrogantes sobre la competencia de la jurisdicción indígena frente a posibles delitos de orden común. Fuentes oficiales señalan que la Fiscalía deberá evaluar pruebas, testimonios y material audiovisual para decidir si formula cargos y contra quiénes. Mientras tanto, organismos defensores de los derechos de la infancia y el Ministerio del Interior han pedido medidas urgentes para retirar a los menores de contextos de riesgo y garantizar su atención.
Réplica y próximos pasos: la comunidad emberá y sus representantes tienen derecho a presentar su versión y a que se respeten sus garantías procesales; la Fiscalía es la encargada de determinar si existe mérito para imputaciones. En las próximas horas se espera que la Fiscalía informe si abre una investigación formal y qué medidas de protección se adoptarán para los menores involucrados.
La situación plantea un choque entre la protección de la infancia y el derecho a la protesta, además de interrogantes sobre la competencia de la jurisdicción indígena frente a posibles delitos de orden común. Fuentes oficiales señalan que la Fiscalía deberá evaluar pruebas, testimonios y material audiovisual para decidir si formula cargos y contra quiénes. Mientras tanto, organismos de derechos de la infancia y el Ministerio del Interior han pedido medidas urgentes para retirar a los menores de contextos de riesgo y garantizar su atención.
Réplica y próximos pasos: La comunidad emberá y sus representantes tienen derecho a presentar su versión y a que se respeten sus garantías procesales; la Fiscalía es la encargada de determinar si hay mérito para imputaciones. En las próximas horas se espera que la Fiscalía informe si abre investigación formal y qué medidas de protección se adoptan para los menores involucrados.
