Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje directo y combativo contra el presidente Gustavo Petro durante un acto de campaña celebrado el 10 de junio en Montería. Ante miles de simpatizantes en la Plaza Cultural María Varilla, el aspirante afirmó que el mandatario “será derrotado” y añadió que su movimiento actuará para “enfrentar, derrotar y castigar” lo que calificó como políticas y actitudes que, a su juicio, han perjudicado al país.
En su intervención, De la Espriella aseguró haber entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos un listado con presuntos nombres de dirigentes vinculados a una red de compra de votos. Según el candidato, esa información busca que las autoridades estadounidenses evalúen sanciones, la revocación de visas y la inclusión de los señalados en listas de control internacional. El aspirante pidió a sus seguidores que colaboren en la vigilancia del proceso electoral y advirtió contra quienes, dijo, intenten “comprar la libertad” de los votantes.
De la Espriella presentó sus denuncias como parte de una estrategia para denunciar, ante aliados internacionales, prácticas que considera atentatorias contra la democracia. En el mismo acto criticó una decisión judicial que, según él, restringe expresiones y símbolos utilizados por su campaña, calificando la medida como “abiertamente ilegal”. También condicionó un eventual debate con el senador Iván Cepeda, al que dijo estar dispuesto a acudir siempre que se garantice que “el país nos escuche”.
El candidato cerró su intervención con un llamado a la movilización en Córdoba y con una crítica al gobierno nacional, al que definió con términos descalificadores y contrapuso su propia identidad regional como argumento político.
La jornada reavivó además un debate jurídico sobre la doble nacionalidad de De la Espriella. Un grupo de exmagistrados y juristas publicó un pronunciamiento en el que advierten que la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización podría generar incompatibilidades para aspirar a la Presidencia de Colombia. Los firmantes señalan que el juramento de fidelidad exigido en el proceso de naturalización estadounidense —que incluye compromisos de defensa de la Constitución y los intereses de Estados Unidos— podría entrar en conflicto con las obligaciones del jefe de Estado colombiano.
Los expertos que suscribieron el comunicado distinguen la situación de la ciudadanía italiana, que en muchos casos se adquiere por descendencia y, según ellos, no plantea las mismas incompatibilidades. Enfatizan que la Constitución exige ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio para ser presidente, y que la cuestión relevante es la forma en que se adquirió la segunda nacionalidad y los compromisos jurídicos que ello implica.
Las afirmaciones públicas de De la Espriella y la reacción de juristas y exmagistrados introducen dos frentes de discusión en la recta final de la campaña: por un lado, las denuncias sobre supuestas redes de compra de votos y la petición de intervención internacional; por otro, la controversia legal sobre la elegibilidad del candidato en caso de mantener la ciudadanía estadounidense por naturalización. Ambos asuntos podrían derivar en investigaciones, recursos jurídicos o pronunciamientos oficiales en los próximos días.
