A 35 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, una pregunta estructural sigue haciendo eco desde las aulas hasta las veredas: ¿Realmente conocemos los derechos que transforman nuestra vida cotidiana?
Más allá de la efeméride histórica, desde la Sede Tolima–Huila se pone sobre la mesa de todo el Sistema UNIMINUTO una urgencia democrática: acortar la brecha entre la letra escrita y el ejercicio real de la ciudadanía. Para el destacado constitucionalista Hernando Hernández, invitado a este espacio de análisis, ignorar nuestra “carta de navegación” ya no es una opción sin consecuencias.
la ley frente a la arbitrariedad
En su diálogo con la comunidad académica, el profesor Hernández arrojó luces sobre el valor práctico de nuestra Carta Magna. “La Constitución es la ley fundamental que le dice al ciudadano qué puede hacer y qué no puede hacer”, explicó, recordando un principio institucional innegociable: la supremacía constitucional.
“Primero la Constitución, luego la ley, y finalmente los decretos y los actos administrativos”, precisó el jurista. Entender esta jerarquía dista de ser un capricho teórico; es la garantía vital de que ninguna resolución burocrática ni ninguna voluntad particular puedan pasar por encima de los derechos consagradas en el 91.
Uno de los momentos más lúcidos de la intervención radicó en advertir que el desconocimiento de la norma no exime de sus efectos ni nos protege contra los abusos. Haciendo un certero paralelismo, el experto sentenció:
“Si nosotros no nos metemos con la Constitución, la Constitución sí se mete con nosotros, diríamos, como pasa con la política. Hoy en día, todos los ciudadanos tienen que conocer cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones”.
Renunciar a este conocimiento implica perder las herramientas jurídicas que protegen el acceso a la salud, la calidad educativa, el medio ambiente y la equidad laboral. Comprender el ordenamiento jurídico es lo que transforma a un habitante en un ciudadano dotado de poder y exigibilidad.
Frente a este reto, la institución reafirma una visión pedagógica innegociable: el balance de estos 35 años no debe quedarse en los auditorios de derecho, sino reflejarse en la acción comunitaria y regional.
En UNIMINUTO la premisa es clara: formar profesionales de excelencia significa, de manera indisociable, formar ciudadanos íntegros y dotados con el conocimiento legal necesario para ser motores de cambio en sus entornos.
Colombia no solo requiere expertos técnicos en sus disciplinas; el país exige liderazgos que actúen como garantes de equidad. Al cumplir 35 años, nuestra Constitución nos recuerda que un territorio se transforma con ciudadanos que leen, entienden y hacen respetar su carta de navegación.
