Ibagué, 4 de mayo de 2026 – Ayer en la tarde, la Plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué se llenó de cascos, banderas y voces cuando la senadora Paloma Valencia subió al estrado para anunciar una de las propuestas más comentadas de su campaña: eximir del pago del SOAT a las motocicletas registradas en el RUNT con cilindraje igual o inferior a 250 centímetros cúbicos. Rodeada de líderes de asociaciones de motociclistas y recibida con aplausos y consignas, Valencia explicó que la medida busca aliviar la carga económica de quienes usan la moto como herramienta de trabajo y sostén familiar. “Menos cargas para los que más lo necesitan”, dijo la candidata, y su mensaje encontró eco inmediato entre domiciliarios, mensajeros y pequeños comerciantes que llenaron la plaza.
La iniciativa contempla un periodo de transición de seis meses para que el Gobierno diseñe un nuevo esquema operativo y determine cómo se verificará la elegibilidad de los beneficiarios. Según la campaña, el segmento de motos hasta 250 c.c. concentra más del 90 % del parque automotor de dos ruedas en Colombia y agrupa a la mayoría de propietarios de estratos 1, 2 y 3. En la práctica, eso significa que la propuesta podría impactar a millones de hogares que hoy destinan una parte significativa de su ingreso al pago anual del seguro obligatorio. En el acto en Ibagué, varios líderes motorizados subrayaron la dimensión social del planteamiento: para muchos, el ahorro representaría la diferencia entre cubrir servicios básicos o asumir deudas.
Pese al respaldo popular en la plaza, la propuesta abre interrogantes técnicos y financieros que no se resolvieron en el mitin. Especialistas en movilidad y finanzas públicas recuerdan que el SOAT no solo protege a los conductores sino que garantiza atención inmediata a las víctimas de accidentes, y que cualquier cambio en su esquema debe contemplar la sostenibilidad del fondo que financia esas atenciones. Actualmente, advierten, ya existen déficits asociados a la evasión y a la informalidad; si el Estado asume la cobertura para un segmento tan amplio, tendría que identificar fuentes de financiación claras para cubrir tanto el déficit actual como los costos futuros derivados de siniestros. En la plaza, la promesa fue celebrada; en los despachos técnicos, la pregunta fue la misma: ¿de dónde saldrán los recursos?
Además del desafío presupuestal, la implementación plantea retos operativos. El control del RUNT y la verificación de la cilindrada real de los vehículos serán claves para evitar fraudes: una moto modificada que supere los 250 c.c. perdería la exención, pero la detección de esas alteraciones exige cruces de información y fiscalización efectiva. También preocupa la informalidad en la expedición de licencias y la calidad de la formación vial; expertos señalan que mejorar estos aspectos reduciría la siniestralidad y, por ende, la presión sobre el sistema de aseguramiento. En Ibagué, algunos asistentes pidieron medidas complementarias: campañas de educación vial, puntos de revisión técnica y programas de apoyo para formalizar a los trabajadores independientes.
Frente a los riesgos, analistas han planteado alternativas que podrían equilibrar alivio social y sostenibilidad fiscal. Entre las opciones figuran esquemas de cofinanciación con ensambladores y distribuidores de motos, descuentos condicionados a la formación en academias de conducción, incentivos para la contratación voluntaria del SOAT y programas piloto en municipios con alta siniestralidad. También se ha sugerido focalizar la exención por tiempo limitado o por grupos específicos por ejemplo, trabajadores registrados en plataformas de reparto— para reducir el impacto presupuestal mientras se evalúan resultados. Ninguna de estas alternativas estuvo en el centro del discurso en la plaza, pero todas aparecerán con fuerza en el debate legislativo.
El anuncio en Ibagué no es solo una propuesta técnica: tiene un claro componente político. Presentarla ante una multitud de moteros y líderes locales permitió a la candidata visibilizar un problema cotidiano y ganar simpatías en un electorado que, en muchas regiones, depende de la moto para subsistir. Sin embargo, para que la iniciativa avance deberá superar el filtro del Congreso, donde los costos fiscales y las implicaciones técnicas serán objeto de escrutinio por parte de comisiones y partidos. Allí se discutirá no solo la letra del proyecto, sino las fuentes de financiación, los mecanismos de control y las salvaguardas para garantizar la atención a las víctimas de accidentes.
Mientras el debate se traslada a despachos y comisiones, la reacción en la calle fue inmediata: en Ibagué, muchos asistentes se marcharon con la sensación de haber sido escuchados y con la esperanza de un alivio real en su economía familiar. Otros, más cautelosos, reconocen el valor social de la propuesta pero piden claridad sobre cómo se mantendrá la protección a las víctimas y cómo se evitarán vacíos que incentiven la informalidad. La promesa de la Plaza Manuel Murillo Toro ya está en la agenda pública; el reto ahora es convertirla en una política viable, técnicamente sólida y financieramente responsable.
En los próximos días, la campaña deberá presentar el texto del proyecto y acompañarlo con estudios de impacto fiscal y operativo si quiere convencer a los legisladores. Para los motociclistas que llenaron la plaza, la expectativa es grande: esperan que lo dicho en Ibagué no quede en un gesto de campaña, sino que se traduzca en medidas concretas que alivien su bolsillo sin sacrificar la protección que hoy ofrece el SOAT.
