Colombia, 4 de mayo de 2026 – La senadora y candidata Paloma Valencia presentó un proyecto que busca eximir del pago del SOAT a las motocicletas registradas en el RUNT con cilindraje igual o inferior a 250 centímetros cúbicos, y propone un periodo de transición de seis meses para que el Gobierno defina un nuevo esquema operativo. En Colombia, ese segmento concentra la mayor parte del parque automotor de dos ruedas, por lo que la iniciativa afectaría a millones de usuarios, especialmente a quienes usan la moto como herramienta de trabajo.
El alivio económico alcanzaría a domiciliarios, mensajeros, trabajadores independientes y familias que dependen de la moto para desplazarse. Según la propuesta, el 92 por ciento de los propietarios de estas motos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y una proporción significativa percibe menos de dos salarios mínimos, por lo que la eliminación del pago obligatorio representaría una reducción real en sus gastos anuales.
La iniciativa aclara que la exoneración del SOAT no elimina otras responsabilidades legales: ante un accidente, el conductor seguirá respondiendo civil, penal y administrativamente cuando corresponda. Además, la excepción se condiciona al registro en el RUNT y a la clasificación formal del vehículo; si una moto es modificada y supera los 250 c.c., perdería el beneficio y tendría que adquirir el seguro.
El principal escollo técnico es el costo para las finanzas públicas. Expertos en movilidad advierten que el déficit actual asociado a motociclistas que no pagan SOAT es elevado, y que si el Estado asume la cobertura para este segmento deberá cubrir tanto ese déficit como los costos futuros por atención de siniestros. La pregunta clave es cómo se financiaría la medida: reasignación presupuestal, nuevas fuentes de ingreso o recortes en otras partidas son escenarios que deberán evaluarse en el trámite legislativo.
La implementación exigiría mayor coordinación entre autoridades de tránsito y el RUNT para verificar elegibilidad y evitar fraudes. También existe el riesgo de modificaciones no registradas en los vehículos para mantener la exención, así como la necesidad de mejorar la calidad en la expedición de licencias y la formación vial. Sin controles más estrictos, la medida podría generar vacíos que afecten tanto la equidad como la seguridad vial.
Analistas proponen opciones intermedias que reduzcan la carga sobre el Estado sin eliminar la protección para las víctimas de accidentes. Entre las alternativas figuran incentivos para que más conductores contraten SOAT, esquemas de cofinanciación con ensambladores y municipios con alta siniestralidad, descuentos por pago anticipado o por pertenecer a programas de formación vial, y campañas de fiscalización para aumentar la cobertura sin trasladar todo el costo al presupuesto nacional.
La iniciativa deberá pasar por el Congreso, donde se evaluarán su viabilidad técnica y su impacto presupuestal. Allí se debatirán no solo los beneficios sociales que promete, sino también las fuentes de financiación y las garantías para que la exención no deteriore la atención a víctimas de accidentes. Mientras tanto, millones de motociclistas observan el avance del proyecto con la expectativa de un alivio real en sus finanzas.
La propuesta de eximir del SOAT a motos hasta 250 c.c. abre un debate que combina urgencia social y restricciones fiscales. Su futuro dependerá de cómo se concilien el alivio para hogares de bajos ingresos con la necesidad de mantener un sistema de protección sostenible y eficaz.
