Colombia, 29 de abril 2026 – La historia comenzó de manera silenciosa en 2022, cuando un sistema interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), conocido como “El Ojo de la Dian”, detectó accesos sospechosos a bases de datos tributarias. Lo que parecía un movimiento aislado terminó revelando un entramado de maniobras que hoy compromete a la reconocida cadena de moda femenina Lili Pink y a la firma Fast Moda S.A.S.
Las alertas iniciales llevaron a los investigadores a rastrear compañías que, según la Fiscalía, habrían sido creadas únicamente para simular operaciones comerciales. Estas empresas de papel emitían facturas ficticias y respaldaban solicitudes de devolución de IVA que no correspondían a transacciones reales. El mecanismo, aparentemente simple, permitió mover recursos millonarios y reducir obligaciones tributarias, abriendo la puerta a un esquema de lavado de activos que superaría los 730.000 millones de pesos.
El caso no se limitó a las devoluciones irregulares. El expediente también menciona importaciones subfacturadas desde Asia, mercancías que ingresaban al país con valores inferiores a los reales para evadir impuestos y controles aduaneros. Las rutas identificadas por las autoridades incluyen corredores históricamente sensibles al contrabando, como Maicao, Barranquilla y Tumaco. El seguimiento a esos movimientos fue clave para consolidar la investigación y vincularla con la expansión comercial de Fast Moda S.A.S., empresa detrás de marcas como Lili Pink, Yoi y Lili Beauty.
La magnitud del operativo sorprendió al sector: más de 300 tiendas y 405 establecimientos fueron intervenidos en 59 municipios y 25 departamentos. Las autoridades también estiman un presunto contrabando cercano a 75.000 millones de pesos y posibles operaciones de enriquecimiento ilícito que alcanzarían los 430.000 millones. Se trata de uno de los golpes más relevantes recientes contra estructuras ligadas al comercio irregular de textiles en Colombia. A pesar de la presión judicial, las autoridades decidieron mantener abiertas las tiendas para evitar un impacto inmediato en los más de 3.000 empleos directos e indirectos que genera la cadena. La compañía, por su parte, aseguró que está colaborando con la Fiscalía y pidió que se proteja la continuidad de su operación mientras se esclarecen los hechos.
El escándalo ha reavivado un debate que el sector textil colombiano conoce bien: la competencia desleal que generan la subfacturación y el contrabando. Empresarios advierten que estas prácticas distorsionan los precios y afectan a fabricantes y comercializadores formales, especialmente en segmentos como la moda femenina, donde la competencia por costos es determinante para el consumo. Más allá de las cifras, el caso Lili Pink expone las debilidades estructurales que enfrenta el país en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos. La investigación se ha convertido en un expediente emblemático para la Dian y la Fiscalía, no solo por el volumen de dinero involucrado, sino porque refleja cómo las redes ilegales logran infiltrarse en sectores de alto consumo y proyectarse a través de marcas reconocidas.
Hoy, mientras las diligencias judiciales avanzan y las autoridades buscan esclarecer el alcance real de las operaciones, el nombre de Lili Pink permanece en el centro de un escándalo que sacudió al comercio de confecciones y puso bajo la lupa la fragilidad de los controles tributarios y aduaneros en Colombia.
