Por: Danniela Rodríguez
La cocaína nunca se fue, solo se transformó y su rastro, aunque global, tiene una raíz profundamente latinoamericana. Así lo confirma el más reciente Informe Mundial sobre Drogas 2025, publicado este 26 de junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que revela cifras récord en cultivos de coca, en el volumen de cocaína producida y en las rutas que conectan el corazón selvático de Colombia con los mercados más codiciados del mundo.
Lo que en otras décadas era una preocupación regional, hoy es una alarma internacional y en ese mapa Colombia vuelve a ser protagonista, no solo como primer productor de cocaína a nivel global, sino como territorio donde confluyen el abandono estatal, el control de economías ilícitas y los esfuerzos insuficientes por ofrecer alternativas.
Según el documento oficial del organismo con sede en Viena, la producción global de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2023, más de 3.700 toneladas métricas, de ese total la mayoría salió de Colombia que vio un incremento significativo en sus áreas de cultivo, las 252.000 hectáreas sembradas con hoja de coca durante el año pasado no solo superan el registro anterior, sino que reflejan un patrón preocupante, la concentración de cultivos en territorios cada vez más alejados, más vulnerables y menos asistidos por el Estado.
El informe también advierte un aumento del 34 % en la producción de cocaína pura respecto al año anterior, en paralelo las incautaciones a nivel global subieron un 68 % entre 2019 y 2023, lo que muestra que el fenómeno no solo crece en cantidad, sino también en alcance.
La cocaína que nace en el sur de Colombia ya no solo busca llegar a Estados Unidos, las redes del narcotráfico han diversificado sus rutas, atraviesan Brasil rumbo a África Occidental y de allí a Europa, utilizan puertos legales en el Caribe colombiano o se embarcan en rutas marítimas desde el Pacífico hacia Asia.
Según el reporte, cada vez hay más evidencia de que organizaciones criminales de Europa están operando directamente en territorio colombiano, acortando la cadena delictiva para maximizar sus ganancias, se alerta sobre la sofisticación creciente de las estructuras criminales, capaces de burlar controles mediante tecnología, rutas comerciales legales o métodos ocultos.
En 2023 más de 316 millones de personas usaron alguna sustancia ilícita en el mundo, la cifra que equivale al 6 % de la población entre 15 y 64 años, representa un aumento sostenido en la última década, el informe destaca un cambio preocupante en los patrones de consumo, los usuarios son más jóvenes, más urbanos y están más expuestos a drogas sintéticas de alto riesgo como el fentanilo, que ya ha generado crisis sanitarias en Norteamérica y que comienza a circular en otros continentes.
El consumo de cocaína también crece, pasó de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023 y aunque la mayor parte de la demanda está en países desarrollados, las consecuencias como la violencia, desplazamiento, deforestación, economías ilegales, recaen desproporcionadamente sobre países productores como Colombia, Perú y Bolivia.
El caso colombiano es un retrato de contrastes, mientras el Estado ha insistido en estrategias de erradicación forzada como las aspersiones o la militarización del campo, las comunidades cocaleras siguen sin acceso a vías, salud o educación.
Zonas como Putumayo, Cauca, Nariño, Catatumbo o Guaviare siguen siendo epicentros de cultivos ilícitos, a menudo en manos de grupos armados ilegales que no solo controlan la economía de la coca, sino también la vida social y política de sus habitantes.
La directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly fue clara durante el lanzamiento del informe, “Debemos invertir en prevención y abordar las causas raíz del tráfico de drogas en todas las etapas la cadena de suministro. Debemos reforzar las respuestas, aprovechando la tecnología, fortaleciendo la cooperación transfronteriza, proporcionando medios de vida alternativos y tomando acciones desde la justicia para combatir a los responsables que impulsan las redes ilícitas del tráfico de drogas. Mediante un enfoque coordinado e integral, podemos desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar la seguridad global y proteger a nuestras comunidades”.
Si bien el último informe de la ONU destaca el crecimiento del cultivo de coca en Colombia, también es cierto que el país ha venido reformulando su estrategia contra el narcotráfico. Según el gobierno nacional, la prioridad ya no está en atacar al campesino cultivador, sino en intervenir las cadenas de suministro, es decir, los eslabones financieros, logísticos y de transporte de las organizaciones criminales.
Uno de los logros más destacados ha sido el récord histórico en incautaciones de cocaína, de acuerdo con un balance publicado por la Presidencia de la República el 20 de febrero de 2025, durante los primeros 30 meses del gobierno de Gustavo Petro, la Fuerza Pública ha incautado 1.934 toneladas de cocaína, lo que representa un 66 % más que lo logrado por la administración anterior, estas acciones según el Ministerio de Defensa, han evitado que más de 10 millones de dosis lleguen a mercados ilegales en Europa y Estados Unidos.
En paralelo en regiones como el Cauca, Nariño y algunas zonas de Santander, comunidades campesinas han logrado reemplazar cultivos ilícitos y productos agrícolas legales, como el café y el cacao, si bien no son la mayoría, estas experiencias muestran que la sustitución voluntaria puede ser viable siempre que se garantice inversión, acompañamiento técnico y condiciones mínimas de seguridad.
Colombia además sigue siendo uno de los países que más vidas ha perdido en esta lucha, tanto entre las filas de la fuerza pública como en líderes sociales, defensores ambientales y campesinos, aunque el consumo de drogas se concentra en potencias del norte global como Estados Unidos, Canadá y varios países europeos y asiáticos, la violencia, la estigmatización y los costos humanos siguen recayendo sobre la sociedad colombiana.
Este cambio de enfoque de atacar al campesino a perseguir estructuras criminales de alto nivel ha sido reafirmado por el mismo presidente Petro y su equipo de gobierno, que insisten en que la verdadera batalla debe librarse contra los narcos invisibles, no contra quienes cultivan por necesidad.
