Por: Reichell Ávila
Andrea Agudelo, de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito; la directora del departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras, Carolina Montes y la periodista Paula Bolívar analizaron este 8 de mayo, desde las oficinas de El Espectador, el complejo vínculo entre la corrupción y el crimen organizado, aportando diversas miradas sobre el control y las posibles prevenciones de estos delitos económicos en el territorio nacional.
El pasado 8 de mayo, las instalaciones de El Espectador se convirtieron en el escenario sobre la realidad institucional del país. En el conversatorio “Corrupción y Crimen Organizado en Colombia: Claves para entender esta relación”, tres expertas coincidieron en un diagnóstico alarmante; la corrupción ha dejado de ser un evento preocupante para convertirse en un paisaje cotidiano que aceptamos como si nada.
Para Carolina Montes, directora del departamento de derecho del medio ambiente y tierras, el problema es estructural y nace en el núcleo familiar. Montes fue enfática al señalar que más del 50% de los colombianos normaliza la corrupción. “Nos levantamos y nos dormimos con ella”, afirmó, haciendo un llamado a recuperar la indignación. Según la experta, la prevención real no está en las leyes, sino en la educación inicial; cuando un niño llega a casa con un objeto ajeno, es ahí donde se debe trazar la línea ética. Sin esa base, los colegios y universidades seguirán entregando generaciones de profesionales técnicamente capaces, pero moralmente frágiles.
Sin embargo, Andrea Agudelo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), explicó cómo el sistema financiero es permeado por el crimen. Agudelo advirtió sobre el fenómeno de las empresas que manejan excedentes de dinero en efectivo que “les estorban”, lo que las lleva a reinvertir en mercados ilegales para facilitar el lavado de activos. Esta informalidad, sumada a vacíos legales, permite que estructuras criminales ayuden a empresas a verse legales ante la ley.
Uno de los puntos más críticos del debate fue el impacto ambiental. Carolina Montes reveló cifras desoladoras, por cada gramo de oro extraído ilegalmente, se degrada un metro cúbico de suelo, un recurso que tarda entre 100 y 300 años en recuperarse. En Colombia, el tráfico de fauna silvestre y la minería ilegal tienen una “víctima confusa” que somos todos. Pero, la justicia parece no ir al ritmo del daño; las investigaciones sufren latencias temporales de años.
Finalmente, la periodista Paula Bolívar puso sobre la mesa el riesgo de contar estas historias. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, donde los reporteros en campo son vigilados de cerca por grupos armados que conocen sus movimientos. Bolívar, ganadora del Premio Simón Bolívar, insistió en que las salas de redacción deben evolucionar para ofrecer un ambiente de apoyo a sus periodistas.
Su propuesta fue clara, la creación de un fondo legal internacional que respalde a la prensa independiente. Para Bolívar, el periodismo no debe limitarse a lanzar un titular impactante, sino a ejercer una presión constante sobre la justicia para que la denuncia se realice desde la raíz y así que suceda un cambio real y no solo un paisaje más en el historial de impunidad del país.
