Colombia, 08 de mayo 2026 – El anuncio del presidente Gustavo Petro y el inicio de la campaña para reunir cinco millones de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente colocan a Colombia en una encrucijada política. Por un lado, la promesa de reformas profundas que muchos sectores sociales reclaman; por otro, la sospecha de que la vía constituyente se está convirtiendo en el atajo preferido por una nueva ola política —el llamado Cepedismo— para imponer una agenda que el Congreso no avaló. La iniciativa ya moviliza bases, activa liderazgos regionales y busca unir fuerzas políticas y sociales; al mismo tiempo, despierta advertencias sobre la posibilidad de que la Constituyente funcione como un brazo de concentración de poder y erosione los contrapesos institucionales que sostienen la democracia.
Detrás del impulso constituyente hay demandas reales: reformas al sistema de salud, cambios en pensiones, reconocimiento de derechos territoriales, ambientales y la intención declarada de modernizar el marco institucional frente a retos como el cambio climático y la desigualdad. Para muchos ciudadanos, la Constitución de 1991 ya no responde a las urgencias sociales y ambientales del siglo XXI, y la Asamblea aparece como la vía capaz de abrir espacios de participación y garantizar derechos que la legislación ordinaria no ha logrado consolidar. Sin embargo, la política no es un terreno neutro: cuando una propuesta de tal magnitud es promovida desde el Ejecutivo y articulada por un bloque político homogéneo, la línea entre reforma legítima y estrategia de poder se vuelve difusa.
La insistencia en la Constituyente, pese a que el Congreso ha rechazado o frenado varias iniciativas del Gobierno, alimenta la percepción de que se busca sortear controles institucionales y reescribir reglas para favorecer a quienes hoy detentan la iniciativa política. El principal riesgo no es teórico: una Asamblea dominada por una sola fuerza puede debilitar la independencia de poderes, reducir la pluralidad en la deliberación y abrir puertas a reformas que, aunque presentadas como progresistas, concentren decisiones en manos de un núcleo partidario. La captura del proceso —por control de comisiones, diseño de reglas para la elección de constituyentes o manejo de la logística de recolección de firmas— puede transformar una herramienta de renovación en un mecanismo de consolidación.
La logística misma de reunir millones de firmas exige transparencia absoluta. Controles rigurosos, auditorías independientes, observación nacional e internacional y reglas claras sobre financiamiento y uso de recursos públicos son condiciones indispensables para que el proceso no quede en entredicho. Sin esos candados, la campaña corre el riesgo de legitimar resultados cuestionables y de profundizar la polarización, con consecuencias que trascienden lo electoral y afectan la confianza en las instituciones.
La pregunta que planteó desde el inicio este debate —interés por el bienestar del pueblo o interés propio— no admite una respuesta única y definitiva: la respuesta dependerá de cómo se diseñe y se ejecute el proceso. Una Constituyente puede ser la herramienta que Colombia necesita para actualizar su contrato social, o puede convertirse en el mecanismo que reconfigure el poder en favor de una facción. La diferencia la marcarán la transparencia, la pluralidad, la vigilancia ciudadana y la capacidad de las instituciones y de la sociedad para imponer reglas que protejan la democracia. En este momento decisivo, la responsabilidad recae tanto en quienes impulsan la iniciativa como en quienes la cuestionan: si la política se reduce a la suma de intereses, la democracia pierde; si la política se abre a la deliberación y al control, la Constituyente puede ser una oportunidad histórica.
