Colombia, 11 de mayo 2026 – En las últimas horas se abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la financiación de campañas tras la denuncia que vincula a la campaña presidencial de Iván Cepeda con aportes por más de 725 millones de pesos que, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), aparecen a nombre del empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez y de la empresa que él representa, Samat Publicidad S. A. S.. Sin embargo, el propio Pérez Páez negó haber hecho donaciones y aseguró que los movimientos corresponden a créditos por servicios de impresión y propaganda que la campaña le encargó y que, según su versión, serían pagados cuando se gestionara la reposición de votos.
La contradicción entre lo reportado en el sistema Cuentas Claras y la explicación del empresario plantea preguntas concretas: ¿por qué figuras que, en la práctica, habrían actuado como proveedores aparecen registradas como donantes? ¿Cómo se justifican montos tan elevados frente al capital declarado de la empresa? ¿La clasificación contable utilizada por la campaña responde a una interpretación técnica válida o a una maniobra que podría afectar el cálculo de topes y la transparencia del proceso? La queja, presentada por el exconcejal Juan Martín Bravo ante la Dian y la Fiscalía, solicita que se investigue si hubo financiación irregular y posible vulneración de los límites establecidos por la normativa electoral. En paralelo, el CNE dispone de los reportes y deberá evaluar si esos aportes deben considerarse donaciones, créditos o partidas que, por su naturaleza, alteran el tope de gastos permitido.
En los documentos a los que han tenido acceso medios especializados se detallan cantidades y materiales —periódicos, volantes, pendones y otros impresos en grandes tiradas— que, de confirmarse como servicios contratados, podrían explicar parte del movimiento, pero no despejan la duda sobre la forma en que fueron registrados. La situación se complica porque la Cámara de Comercio reporta un capital social modesto para Samat, lo que alimenta la sospecha sobre la capacidad financiera para asumir operaciones por cientos de millones sin recurrir a créditos o a terceros. La campaña, por su parte, sostiene que esos registros obedecen a créditos por suministro de propaganda electoral y que, conforme a la normativa aplicable, ciertos créditos no se computan dentro del tope; esa interpretación ahora deberá ser verificada por los órganos de control.
Más allá de la técnica contable, el caso reaviva un debate más amplio sobre la fiscalización de recursos en contiendas electorales: la necesidad de cruzar facturas, contratos y movimientos bancarios para establecer la realidad económica detrás de los registros; la responsabilidad de los proveedores que facturan a campañas; y la capacidad de la Dian, la Fiscalía y el CNE para detectar y sancionar irregularidades en tiempo útil, especialmente en un calendario electoral sensible. En el terreno político, la denuncia ya genera reacciones encontradas: opositores exigen explicaciones públicas y piden que se apliquen sanciones si se comprueba alguna irregularidad; aliados y voceros del Pacto Histórico llaman a esperar el pronunciamiento de las autoridades antes de emitir juicios definitivos. La sala plena del CNE tendrá la última palabra sobre la interpretación de los reportes y sobre si procede abrir procesos sancionatorios o correcciones contables, y su decisión podría llegar después de la segunda vuelta, cuando se revisen a fondo las ampliaciones y aclaraciones presentadas por las partes. Mientras tanto, el episodio obliga a poner bajo lupa los mecanismos de control y a recordar que la confianza ciudadana en las elecciones depende, en gran medida, de la claridad con que se manejan los recursos que financian campañas.
Si se confirma que hubo errores de registro, omisiones o prácticas que buscan disfrazar pagos como donaciones, las consecuencias no serán solo administrativas sino también políticas, porque erosionan la percepción pública sobre la limpieza del proceso electoral. En suma, la denuncia contra los supuestos aportes a la campaña de Iván Cepeda abre una investigación que combina aspectos técnicos, legales y políticos: determinar si se trató de créditos legítimos por servicios prestados, de donaciones mal registradas o de maniobras contables que requieren sanción; y, en cualquiera de los escenarios, exigir a las autoridades que actúen con rapidez y transparencia para que la ciudadanía tenga respuestas claras y verificables.
