Por Leonardo Oliva*
En la ciudad de Washington, un ciudadano puede comprar marihuana legal en una de las tantas tiendas habilitadas para tal fin. Pero si esa persona decide fumarla en un espacio público federal, como el monumento a Lincoln, puede ir a la cárcel. Eso revela la confusión en torno al cannabis en Estados Unidos, donde las leyes locales en varios estados contradicen la prohibición que rige a nivel federal en el país.
Pues bien, el presidente Joe Biden acaba de dar un primer paso para superar esas incongruencias: el 6 de octubre indultó a más de 6.000 presos federales por posesión de marihuana. Al mismo tiempo, llamó a las autoridades estatales a repensar las penas asociadas a esta droga. Muchos vieron en este gesto del mandatario una señal a favor de la despenalización de la marihuana, en un país donde 19 de los 50 estados ya han regulado el uso recreativo del cannabis y 37 su uso medicinal.
En el año en que cumple medio siglo la llamada Guerra contra las Drogas, iniciada por el presidente republicano Richard Nixon en 1972, el demócrata Biden parece decidido a terminar, al menos, con la prohibición de una droga “blanda” como la marihuana. Después de décadas de malgastar enormes cantidades de dinero en operaciones militares y de erradicación de cultivos, nadie duda de que esa “guerra” fracasó: la producción y la disponibilidad de drogas ilegales es mayor que nunca. Además, desde América Latina, de dónde provienen la cocaína y otras sustancias que consumen los estadounidenses, hay cada vez más voces que reclaman un cambio de estrategia.
Hasta hace poco, los presidentes se pronunciaban contra esta guerra recién cuando dejaban el poder. Ahora se atreven a plantear el debate desde el gobierno. Primero lo hizo el presidente de Perú, Pedro Castillo, pero quien más ruido hizo con su reclamo público fue el colombiano Gustavo Petro: “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”. Lo dijo a fines de septiembre, nada menos que ante la Asamblea General de la ONU.
Los datos no desmienten a Petro, como tampoco a quienes le reclaman mayores gestos a Biden. El consumo de drogas en el mundo aumentó 26% en la última década, según el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Y la venta de cocaína llegó a su pico en 2020, en plena pandemia. Colombia, el mayor productor de esta droga, también es el país que hace más incautaciones, con el 41% de los estupefacientes decomisados en el mundo. Le sigue, justamente, Estados Unidos con el 11%.
En este contexto, la administración Biden ha empezado a girar el foco hacia la lucha contra el fentanilo, una droga sintética muy letal que ha generado una verdadera epidemia: más de 100.000 personas murieron por sobredosis de ese y otros opioides en 2021, lo que lo convierte en el año más mortífero registrado en este aspecto. Pero muchos se preguntan si el presidente, más allá del gesto hacia los poseedores de pequeñas cantidades de marihuana, está dispuesto a modificar la tradicional visión punitiva contra las drogas. Y, sobre todo, a incentivar una política que privilegie la mirada sanitaria en lugar de la criminal.
La tendencia ha llegado a tal punto que en un reciente editorial The Economist, el medio conservador británico, afirmó que Biden está siendo “muy tímido” y le reclamó directamente legalizar la cocaína para acabar con el narcotráfico y la violencia asociada a él. Otras voces más progresistas en Estados Unidos van en el mismo sentido. “No creo que el presidente esté interesado en una salida radical de la guerra contra las drogas”, le dijo a CONNECTAS Maritza Pérez, directora de la Oficina de Asuntos Nacionales de la Drug Policy Alliance. “La guerra contra las drogas y la prohibición solo crean comunidades inseguras y un suministro de drogas ilícitas. Debemos despenalizar las drogas y tratarlas como un problema de salud pública”, reclamó Pérez, a quien el discurso de Petro en la ONU le pareció “fantástico”.
Una posición más moderada tiene otro experto norteamericano consultado. John Walsh, director de Política de Drogas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), prefiere mirar antes el contexto electoral. Dice que los comicios de medio término de noviembre marcarán hasta dónde puede llegar Biden. “Si los republicanos mantienen el control del Senado, le van a hacer más difícil avanzar en alguna de las reformas de drogas”, asegura. Walsh le reconoce al presidente haber implementado una política más sanitaria que punitiva (por primera vez el “zar antidrogas” es un médico). Pero para él, solo es un “pequeño paso” que requiere las “inversiones necesarias para respaldar una gama más amplia de servicios de reducción de riesgos, como por ejemplo sitios de inyección supervisados”.
Está claro que hay un consenso en que la prohibición de las drogas no ha dado resultados. Y en América Latina ese fracaso es aún más visible. Nuestra región, la principal productora de cocaína y marihuana en el mundo, está jaqueada por un narcotráfico cada vez más poderoso y violento. México es el epicentro de esta problemática, aunque no es el único país afectado, como lo demostró la reciente visita a Colombia de Anthony Blinken, secretario de Estado de Biden, quien habló con Petro de esta problemática.
Para María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, “el enfoque de salud pública que se está tomando en Estados Unidos también va a tener repercusiones en Colombia y el resto de Latinoamérica”. Sin embargo, coincide en que “es inexistente” la posibilidad de legalizar la cocaína. “Es lo único que realmente permitiría disminuir los niveles de violencia y del mercado ilegal que tenemos. En eso todavía estamos en un enfoque más clásico, el que sigue pretendiendo reducir la oferta”.
La propia ONU clama por cambiar la estrategia. Su comité de expertos en derechos humanos hizo un contundente llamado a promover políticas que protejan los derechos de quienes terminan penalizados por esta guerra fallida que privilegia la prohibición: los afroamericanos en Estados Unidos y las mujeres en América Latina, entre otras minorías. “La guerra contra las drogas socava la salud y el bienestar social y malgasta los recursos públicos, al tiempo que no logra erradicar la demanda y el mercado de drogas ilegales”, dice el documento.
En el mismo sentido opina Yesid Reyes, exministro de Justicia de Colombia. “Si se toma literalmente el propósito de conseguir un mundo libre de drogas, el balance es que no se ha conseguido”. Reyes, actual director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, en Bogotá, coincide en que la mejor estrategia contras las drogas es “priorizar un enfoque de salud en relación con los consumidores; avanzar en la utilización del cannabis con fines médicos y científicos; y afianzar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
A 50 años de que Nixon declaró que el “enemigo número uno” de Estados Unidos era “el abuso de drogas” y lanzó una “ofensiva mundial para lidiar con los problemas de las fuentes de oferta”, la guerra claramente está perdida. Como dice Reyes, “en el mundo hay cada vez más drogas de uso ilícito, más consumidores y personas dedicadas a producirlas y distribuirlas en entornos delictivos”. También hay más personas en las cárceles por posesión de drogas casi inofensivas (en materia de salud) o por microtráfico, mientras los grandes carteles del narco siguen ahí afuera. Y lo que es más grave, crece sin cesar la violencia asociada a la venta de estas sustancias y las muertes por su consumo. Ante este oscuro escenario se necesitan decisiones políticas urgentes que permitan no solo erradicar las drogas del planeta, sino minimizar sus riesgos sanitarios. Si eso implica regularlas y hasta legalizarlas, pues hay que debatirlo. Tal como pidió Petro y como parece haberlo escuchado Biden.
*Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS