Con el aumento del pasaje de TransMilenio y del SITP a $3.550 desde enero de 2026, el debate en Bogotá no solo gira en torno al impacto en el bolsillo de los usuarios, sino también sobre los subsidios, el TrasMiPass y los beneficios sociales poco conocidos que el Distrito mantiene para mitigar el alza en poblaciones vulnerables y usuarios frecuentes.

La edición 75 de DATÉATE es un número marcado por la memoria del Palacio de Justicia y otras heridas históricas del país, contado desde la mirada crítica y sensible del periodismo universitario.​

En Colombia estamos acostumbrados a buscar culpables fáciles cuando el balón no entra: el técnico, el árbitro, la cantera, la “mala suerte”. Sin embargo, la mediocridad que distingue al fútbol profesional colombiano tiene raíces mucho más profundas. Y aunque suene incómodo admitirlo, el enemigo no está en la cancha, sino en los escritorios donde se toman decisiones ocultas.

La ansiedad digital se consolida como un problema silencioso de salud mental, especialmente entre jóvenes, marcada por la hiperconexión, la presión de las redes y la necesidad constante de validación, lo que plantea la urgencia de un uso más consciente y acompañado de la tecnología.

Colombia comienza 2026 con una coyuntura política y económica que demanda fine-tuning en las decisiones. Las tensiones fiscales, el incremento de la deuda pública, la inflación persistente y las presiones del contexto internacional han llevado a un punto crítico al país. A todo esto, se agregan las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la búsqueda de nuevos socios estratégicos como China y el desafío de conservar la estabilidad monetaria mientras la población reclama resultados. En ese contexto, la política económica no es solo una cuestión técnica sino un instrumento de poder que puede determinar la ubicación de Colombia en el mapa mundial.

Tras más de una década de abandono y sobrecostos, el Museo de Memoria de Colombia vuelve a escena en 2026 con nuevos contratos y una inversión superior a los $37.000 millones, en un intento por saldar una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado, aunque su reactivación aún enfrenta retos legales y fallas administrativas acumuladas durante años.

Desde el Distrito se ha insistido en que el ajuste busca reducir el déficit estructural del sistema, aunque se reconoce que el costo real del transporte sigue siendo superior a lo que paga el usuario final.

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