Por: Danniela Rodríguez
La chispa de esta movilización se encendió hace meses en reuniones comunales, en sindicatos de base y en conversaciones de tienda, que el 4 de agosto se materializó en bloqueos de vías, parálisis del tránsito y una declaración de cansancio frente a lo que muchos consideran una transición energética mal planificada y profundamente desigual.
El paro afecta directamente la movilidad entre Bogotá y los municipios clave del corredor Tunja, Paipa, Sogamoso. En la glorieta del Cementerio de Paipa, epicentro simbólico de la protesta, más de 300 personas cerraron la doble calzada. Los vehículos pesados bloquean ambos sentidos de la vía. Solo se permite el paso de ambulancias, carros fúnebres y casos de salud urgente.
También hay bloqueos en Duitama, en la Glorieta Gustavo Jiménez y en la vía hacia Tópaga, Monguí y Gámeza. En este último sector, aunque no hay presencia permanente de manifestantes, el paso fue inhabilitado con escombros. La movilidad por esta zona del altiplano cundiboyacense está seriamente afectada por los mineros, y por campesinos que, en paralelo, protestan por la delimitación inconsulta del Páramo de Pisba.
Más allá de los bloqueos visibles, hay una causa de fondo que sigue sin ser atendida de manera estructural: el abandono del sector minero tradicional. En Boyacá, la explotación del carbón no es un lujo ni una actividad marginal, es la única forma de llevar comida a la casa, hecho que hoy está en riesgo.
Los mineros organizados, apoyados por volqueteros, asociaciones campesinas y otros gremios solidarios, exigen cuatro cosas esenciales:
- Revisión urgente al sistema de regalías, que señalan no beneficia a los municipios productores como debería.
- Formalización masiva del trabajo minero, actualmente sumido en la informalidad por trabas legales, burocracia y falta de voluntad política.
- Condiciones reales para exportar carbón en medio de una regulación que parece diseñada para restringir, no para fortalecer.
- Compensación y alternativas viables en el marco de la transición energética, que según indican no ha sido más que un eslogan vacío sin soluciones tangibles.
La situación también tiene impacto fuera del departamento. Transportadores de alimentos reportan retrasos, empresas logísticas advierten afectaciones a la cadena de suministro y los municipios intermedios comienzan a experimentar escasez de algunos productos básicos. La vía Bogotá, Tunja, Sogamoso, en condiciones normales, mueve diariamente miles de toneladas de carga y hoy está prácticamente cerrada.
Lo más llamativo de este paro es que no es exclusivamente minero. En las protestas hay campesinos de zonas parameras, especialmente de la región de Pisba, que rechazan los procesos de zonificación ambiental adelantados por el Ministerio de Ambiente, que fueron hechos sin consulta previa y sin estudios sociales completos.
Esto le ha dado al paro la expresión de una incomodidad territorial generalizada, donde diversas comunidades rurales sienten que las decisiones nacionales se toman a espaldas de sus realidades.
Lo que ocurra esta semana será crucial. La mesa del martes puede convertirse en un punto de inflexión, pero solo si hay compromisos reales, con cronogramas, presupuesto y voluntad política. De lo contrario, el paro podría extenderse y agudizar los efectos en la economía regional y nacional.
