Ibague,14 de marzo del 2026 – El Gobierno de Colombia expidió el decreto 234 de 2026, que establece la posibilidad de negociar condiciones laborales por sectores económicos completos, en lugar de hacerlo empresa por empresa como se venía aplicando. La medida, inspirada en modelos europeos, busca extender la negociación colectiva a millones de trabajadores que hoy no tienen acceso a ella, especialmente en el sector privado, donde la sindicalización nunca ha superado el 5%.
El Ministerio de Trabajo defendió la iniciativa como un avance en derechos laborales y un cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según expertos, este cambio permitiría que trabajadores de pequeñas empresas, que por ley no alcanzan el mínimo de afiliados para crear un sindicato, puedan beneficiarse de acuerdos sectoriales.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas. Gremios empresariales como Fenalco y Acopi advirtieron que imponer las mismas condiciones a grandes compañías y a Mipymes podría resultar en cargas insostenibles para las más pequeñas, poniendo en riesgo su supervivencia. Aunque el decreto contempla cláusulas de gradualidad y regímenes diferenciales, los empresarios consideran que no son suficientes.
La polémica también se trasladó al movimiento sindical. La CGT denunció que el decreto favorece a la CUT, central sindical cercana al Gobierno, ya que en las mesas sectoriales el sindicato con más afiliados tendría el poder de firmar los acuerdos y recibir las cuotas de todos los trabajadores beneficiados, incluso de aquellos que no estén afiliados. Para la CGT, esto representa una forma de exclusión del sindicalismo democrático.
Otro punto de controversia es la legalidad del decreto. Críticos señalan que en Colombia no existe una ley que autorice la negociación colectiva por ramas, y que el Ejecutivo podría estar excediendo sus facultades. El abogado laboralista Giovanni González advirtió que existe la posibilidad de que la norma sea declarada nula por el Consejo de Estado.
El debate se intensifica en un contexto político sensible: el decreto fue expedido a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, lo que ha llevado a algunos sectores a cuestionar las motivaciones del Gobierno. Mientras tanto, se espera una oleada de demandas contra la norma en los próximos días.
