Por: Danniela Rodríguez
La imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense, sumada a una escalada diplomática sin precedentes, ha encendido las alarmas en sectores productivos, empresariales y políticos de ambos países.
Aunque la afectación directa en las exportaciones colombianas aún no representa un colapso económico, sí pone en evidencia la fragilidad de una alianza que durante años se consideró sólida y estratégica.
Desde abril de este año, Estados Unidos reactivó una política arancelaria basada en el principio de reciprocidad comercial, según la cual todos los países que mantengan déficits comerciales con EE.UU. deberán pagar un impuesto base del 10% sobre sus exportaciones. Colombia, a pesar de tener un tratado de libre comercio vigente desde 2012, no fue excluida de esta medida.
En cifras concretas, las exportaciones colombianas no minero-energéticas, es decir, productos como flores, frutas, café, confecciones y otros bienes transformados podrían enfrentar aranceles que disminuyan su competitividad.
Según estimaciones de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), cerca del 17 % de estas exportaciones serían afectadas de manera significativa.
El impacto económico inmediato no es catastrófico, pues más de la mitad de las exportaciones colombianas a EE.UU. están compuestas por hidrocarburos, oro y metales, productos exentos de los nuevos aranceles.
No obstante, sectores clave en generación de empleo y desarrollo regional, como el floricultor o de confecciones, podrían ver reducidos sus ingresos y perder posiciones en el mercado frente a competidores como México o Ecuador.
En total, se estima que las pérdidas podrían rondar los 1.100 millones de dólares, con una posible eliminación de hasta 15.000 empleos en el corto plazo.
El endurecimiento comercial no ocurre en el vacío, las tensiones entre Washington y Bogotá han venido escalando desde comienzos de año, cuando el presidente Gustavo Petro se negó a aceptar vuelos de deportación de migrantes encadenados desde EE.UU. En respuesta, la Casa Blanca activó represalias comerciales temporales que luego fueron levantadas tras un acuerdo rápido, pero que dejaron grietas evidentes en la relación bilateral.
A esto se suma el acercamiento de Colombia al Banco de Desarrollo de los BRICS, grupo liderado por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, lo cual ha sido interpretado por Estados Unidos como un cambio en el alineamiento geopolítico colombiano.
El presidente Donald Trump advirtió que aquellos países que busquen alianzas financieras con los BRICS podrían enfrentar nuevos aranceles adicionales del 10%, lo que los elevaría al 20%.
La situación se agravó cuando a comienzos de julio, ambos gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores, la primera vez en más de 20 años que Colombia y Estados Unidos retiran simultáneamente a sus representantes diplomáticos por diferencias de fondo.
Este deterioro afecta al comercio, y compromete áreas de cooperación como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional, la asistencia judicial y el apoyo técnico en proyectos energéticos y ambientales.
El Gobierno colombiano ha optado por una estrategia de bajo perfil en lo público, mientras internamente estudia alternativas para reducir la dependencia comercial con EE.UU.
El Ministerio de Comercio ha señalado que esta coyuntura puede ser aprovechada para acelerar la diversificación de mercados, mediante la promoción de exportaciones hacia Europa, Asia y América Latina.
Pese a las tensiones en Bogotá y en Washington, existe conciencia de que la relación bilateral sigue siendo de gran importancia para ambos países. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y Colombia a su vez, representa uno de los pocos aliados estables de EE.UU. en América Latina.
Sin embargo, los últimos movimientos han mostrado que esa relación no es incondicional ni inmune a los vaivenes políticos y económicos. La posibilidad de que los aranceles se mantengan e incluso aumenten si Colombia continúa estrechando vínculos con los BRICS, plantea un escenario de alta incertidumbre que pone a prueba la diplomacia y la planificación económica del país.
Por ahora, los aranceles siguen en pie, pues EE.UU. prorrogó su entrada en vigor plena hasta el 1 de agosto, lo que ofrece unas pocas semanas de margen para buscar una salida negociada, que en caso de no lograrse, obligará a Colombia asumir el nuevo escenario con estrategias más agresivas de apertura comercial y fortalecimiento interno de sus sectores productivos.
