En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de Defensa, Baldo Prokurica; y de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; arribaron ayer a Colchane la comuna fronteriza con Bolivia para entregar detalles del plan con que esperan hacer frente al aumento de la migración irregular hacia Chile.
Acá algunas medidas:
Residencias transitorias: la apuesta es establecer complejos ubicados en las afueras de los centros urbanos donde los migrantes irregulares que logren ingresar al país hagan cuarentenas sanitarias y esperen la ejecución de los procesos de expulsión correspondientes.
Apoyo de las FF.AA.: aunque se explicó que no será un proceso inmediato, las autoridades destacaron la entrada en vigencia del decreto 265 que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con el control de la inmigración por pasos fronterizos no habilitados.
Más tecnología: para hacer más eficaz el control migratorio, en lo inmediato las FF.AA. continuarán apoyando con equipamiento como drones, aviones no tripulados e instrumentos de vigilancia con sensores nocturnos que permiten un monitoreo de varios kilómetros.
Aviones para expulsión: la semana pasada el gobierno anunció la licitación de 15 aeronaves para reforzar el proceso de expulsión de migrantes irregulares desde el norte del país. Hoy está programado un vuelo de la Fach que saldrá desde Iquique con 100 extranjeros.
Campaña internacional: se iniciará un programa de difusión con las medidas que se adoptarán contra quienes ingresen de forma irregular al país. También se activarán convenios internacionales para combatir a las bandas que lucran con el traslado de migrantes.
Ayuda a Colchane: como una forma de paliar las externalidades que han afectado a la comuna tras el arribo de más de 1.600 migrantes en las últimas semanas, el gobierno se comprometió a suministrar electricidad continúa (actualmente solo tienen 2 a 3 horas diarias del servicio) y de forma permanente.
La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes. La tensión en este paso fronterizo se agravó la semana pasada con el fallecimiento de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano.
La mayor parte de las personas, agregó Delgado, fueron expulsadas por no haber regularizado su estancia en Chile, y una minoría fueron deportadas por motivos judiciales, entre ellos, delitos relacionados con narcotráfico.
