La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reiteró que persisten incumplimientos por parte del Estado colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima. El organismo internacional advirtió falencias en las medidas de protección, en los procesos de investigación y en el acceso a la justicia, pese a las órdenes emitidas en su sentencia de 2021
Durante la audiencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó sobre los esquemas de seguridad implementados para Bedoya y su madre desde 2012. Sin embargo, la Corte consideró que existen vacíos en la garantía de protección a largo plazo y en el cumplimiento de las obligaciones legales con la víctima y su familia.
El caso de Jineth Bedoya ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad. La periodista fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo de 2000 mientras investigaba irregularidades en la Cárcel Modelo de Bogotá, vinculadas a tráfico de armas, desapariciones y homicidios en los que participaron paramilitares y funcionarios estatales. El secuestro, perpetrado por al menos 25 hombres, buscaba silenciar sus denuncias sobre estos hechos.
Aunque la justicia colombiana avanzó lentamente y el caso estuvo casi archivado por años, la presión internacional obligó a reconocer estos delitos como crímenes de lesa humanidad, lo que impide su prescripción. A la fecha existen condenas contra algunos responsables materiales, pero siguen pendientes las investigaciones y sanciones contra autores intelectuales y funcionarios públicos vinculados.
Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), cuestionó la falta de avances: “El incumplimiento de las órdenes de la Corte es un mensaje negativo para Jineth y su madre, y para el periodismo colombiano. Después de 25 años, la impunidad persiste, las mujeres periodistas que sufren violencia ejercen su labor en un país donde las garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición no se cumplen”, señaló.
La FLIP y otras organizaciones exigieron al Estado colombiano acciones urgentes para capturar a Jesús Emilio Pereira, uno de los responsables prófugos, y avanzar en la judicialización de todos los implicados. Para las organizaciones, el incumplimiento estatal genera un proceso revictimizante que deteriora la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la libertad de prensa.
La Corte IDH recalcó que este caso no solo busca justicia para Jineth Bedoya, sino que marca un precedente sobre la responsabilidad del Estado colombiano en la protección de mujeres periodistas y en la erradicación de la violencia de género como forma de silenciar la labor periodística.
*Este contenido periodístico fue desarrollado con ayuda de inteligencia artificial, y contó con la revisión final de un periodista
