Las declaraciones del presidente Gustavo Petro el 27 de enero han elevado la apuesta diplomática a niveles sin precedentes. Al confirmar que solicitará formalmente a Donald Trump la devolución de Nicolás Maduro a territorio venezolano, Petro no solo desafía la política judicial de Estados Unidos, sino que redefine los términos de la soberanía regional en un contexto de altísima tensión.
Solicitud de Gustavo Petro
El argumento central de Petro se basa en el principio de territorialidad y soberanía. Según el mandatario colombiano, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses (que él califica de irregular) debe ser subsanada permitiendo que sea el sistema judicial venezolano el que procese al líder chavista.
- El argumento de Petro: “La justicia no puede ser un acto de fuerza transnacional”. Petro sostiene que para una paz duradera en el continente, las instituciones de cada país deben fortalecerse juzgando a sus propios actores, evitando que Washington actúe como el “tribunal del mundo”.
- El choque con la Casa Blanca: Esta postura entra en colisión directa con la narrativa de la administración Trump, que presenta la captura de Maduro como el mayor logro de su política exterior “Anti-Dictaduras” y un triunfo de la justicia penal federal de EE. UU.
Factor Marco Rubio y el Departamento de Estado
La viabilidad de esta propuesta es, desde un análisis realista, mínima. Con Marco Rubio liderando la política exterior, el retorno de Maduro a Venezuela —donde el chavismo aún mantiene cuotas de poder en el aparato judicial— sería visto por Washington como un acto de impunidad.
Punto de quiebre: Para Trump, Maduro no es solo un objetivo político, sino un trofeo judicial vinculado a cargos de narcoterrorismo. Acceder al pedido de Petro implicaría desmantelar un caso federal de años en cuestión de minutos.
Petro llegará a la Casa Blanca no como el aliado tradicional que busca instrucciones, sino como un abogado de la autonomía regional. Pedirle a Donald Trump que devuelva a su prisionero más valioso es un movimiento de ajedrez político que busca demostrar que Colombia ya no es el “patio trasero”, sino un interlocutor con agenda propia, aunque esta sea diametralmente opuesta a la del gigante del norte.
