Desde agosto de 2022, cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia, el precio de la gasolina pasó de ser un tema técnico a convertirse en una conversación cotidiana entre conductores, transportadores y ciudadanos del común. La razón es clara: llenar el tanque comenzó a costar cada vez más y ese incremento se reflejó no solo en los bolsillos de quienes tienen vehículo, también en el valor del transporte público y en el precio final de muchos productos.
Al inicio del mandato, el galón de gasolina corriente promediaba los $9.180. En ese momento, el combustible estaba fuertemente subsidiado por el Estado, lo que significaba que el Gobierno asumía una parte importante del costo real para que el consumidor no sintiera un impacto inmediato. Sin embargo, esa política tenía un efecto acumulado: una deuda creciente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llegó a bordear los $36 billones de pesos.
Ante ese panorama, desde octubre de 2022 el Gobierno inició una serie de incrementos mensuales graduales con el objetivo de equiparar el precio interno con el internacional del petróleo y reducir el subsidio estatal. La decisión buscaba cerrar el llamado “hueco fiscal” y aliviar la presión sobre las finanzas públicas, aunque implicó un aumento sostenido que se extendió durante varios años.
El resultado fue un alza acumulada cercana a los $6.877 por galón entre 2022 y enero de 2026. En términos prácticos, la gasolina pasó de costar poco más de nueve mil pesos a superar los $16.000 en promedio nacional, lo que representó un incremento cercano al 75%. El punto más alto se registró en enero de 2026, cuando en ciudades como Bogotá el galón alcanzó valores superiores a los $16.400.
No obstante, febrero de 2026 marcó un cambio de tendencia. Por primera vez desde el inicio de los aumentos, el precio registró una reducción de $500 por galón, luego de que el Gobierno anunciara que la deuda del FEPC estaba prácticamente saneada. Aunque la gasolina continúa siendo más costosa que al comienzo del mandato, esta baja fue interpretada como un alivio y una señal de estabilización.
Las diferencias de precios entre ciudades siguen siendo notorias. Factores logísticos y de transporte hacen que lugares como Villavicencio mantengan algunos de los valores más altos, mientras que Cúcuta conserva un precio diferencial por su condición de zona de frontera. En capitales como Bogotá, Medellín y Cali, el galón se ubica alrededor de los $16.000 tras la reciente reducción.
El Gobierno ha defendido la medida bajo tres argumentos principales: la necesidad de sostenibilidad fiscal, la corrección de un subsidio que —según su postura— beneficiaba en mayor medida a quienes tienen vehículos particulares, y la intención de avanzar en una transición energética que desincentive el uso de combustibles fósiles. Sus críticos, en cambio, señalan el impacto directo en el costo de vida y en la inflación.
De cara al futuro, el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de nuevas reducciones si el comportamiento del dólar y del mercado internacional del petróleo lo permiten. Sin embargo, expertos coinciden en que es poco probable que el precio regrese a los niveles de 2022, ya que buena parte de los subsidios que lo mantenían bajo fueron eliminados. La gasolina, más que un simple combustible, se consolidó en estos años como un termómetro económico y político del país.
