El exmandatario Álvaro Uribe Vélez enfrenta los cargos por soborno a testigos y fraude procesal. Cabe aclarar que este fallo es de primera instancia y se puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá o incluso ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso pasó por un laberinto jurídico y político desde el año 2012, luego de la acusación hecha por el senador Iván Cepeda.
¿Cuál ha sido el contexto de este caso?
El 17 de septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, realizó un debate de control político en el Congreso en el que presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la creación de grupos armados ilegales en Antioquia durante la década de 1990. La denuncia causó revuelo, y en respuesta, Uribe interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, acusando a Cepeda de manipular testigos a cambio de beneficios carcelarios.
Cuatro años después, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra el propio Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Según el alto tribunal, existían indicios de que Uribe, junto con su abogado Diego Cadena, habría intentado presionar a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones en favor suyo y en contra de Cepeda.
Esta decisión marcó un giro inesperado en la batalla judicial.
El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, una decisión sin precedentes en la historia del país, pues se trataba del primer expresidente en enfrentar una medida de aseguramiento. Pocos días después, el 18 de agosto, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que trasladó el caso de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación.
En abril de 2021, la Fiscalía solicitó el archivo del proceso, pero los jueces de garantías rechazaron en dos ocasiones la solicitud, señalando que aún había elementos que debían ser analizados.El caso, aún sin una decisión definitiva, ha sido una de las confrontaciones políticas y judiciales más importantes de los últimos años en Colombia.
Más allá de los protagonistas, el proceso ha encendido un debate sobre la independencia judicial, el uso del poder político y la credibilidad de las instituciones. Iván Cepeda ha sostenido que su actuar siempre ha sido legal y en defensa de la verdad, mientras que Álvaro Uribe ha insistido en que es víctima de una persecución política. La última palabra la tiene la justicia.
