Por: Juan David Quevedo
El Gobierno de Gustavo Petro anunció este 8 de abril de 2026 que presentará una nueva reforma tributaria para financiar el presupuesto nacional, y advirtió que, en caso de no avanzar en el Congreso, podría decretar una emergencia económica. La medida se da en medio de tensiones con el Banco de la República por el manejo de las tasas de interés y la situación fiscal del país.
El Gobierno Nacional confirmó en la mañana de este miércoles 8 de abril que radicará una nueva ley de financiamiento con el objetivo de cubrir el faltante presupuestal proyectado para 2026. El anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro, que señaló que el país enfrenta limitaciones fiscales que requieren medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del Estado y la continuidad de programas sociales.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, el presupuesto aprobado para la vigencia 2026 presenta un déficit que no ha podido ser cubierto mediante las herramientas actuales. Este escenario se agravó tras el hundimiento de iniciativas previas de reforma en el Congreso, lo que llevó al Gobierno a replantear su estrategia de financiación.
El mandatario indicó que la nueva propuesta tributaria buscará incrementar los ingresos del Estado mediante ajustes en el sistema impositivo. Aunque el contenido específico del proyecto aún no ha sido radicado oficialmente, el Gobierno ha reiterado que la prioridad es asegurar recursos para sectores clave como salud, educación y programas sociales.
Petro advirtió que, de no prosperar la reforma en el Legislativo, el Gobierno evaluará la declaratoria de una emergencia económica, figura contemplada en la Constitución que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley en materia económica. Esta herramienta ya había sido considerada previamente por la administración, pero enfrentó controles por parte de la Corte Constitucional.
El anuncio se produce en medio de un ambiente de tensión institucional, especialmente con el Banco de la República. En los últimos días, la autoridad monetaria decidió mantener las tasas de interés en niveles elevados, ubicándolas en 11,25%, con el objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, el Gobierno ha cuestionado esta decisión, argumentando que limita el crecimiento económico y dificulta el acceso al crédito para los ciudadanos.
El Ministerio de Hacienda también ha expresado reparos frente a la política monetaria actual, señalando que el endurecimiento de las tasas puede impactar negativamente la inversión y el consumo interno. Estas diferencias se hicieron evidentes tras la salida anticipada del ministro de una reciente sesión de la junta del banco central, que evidenció la falta de consenso entre ambas instancias.
Desde presidencia se ha insistido en la necesidad de adoptar medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas en el corto plazo. Según el Ejecutivo, la combinación de menores ingresos y mayores obligaciones presupuestales obliga a tomar decisiones de carácter estructural.
El país se encuentra ante un escenario en el que convergen presiones fiscales, diferencias en la política económica y un nuevo intento de reforma estructural. La eventual declaratoria de una emergencia económica, en caso de que la reforma no avance, abriría un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los organismos de control.
Por ahora, la atención se centra en la radicación del proyecto de ley, y en la respuesta del Congreso de la República, en un contexto marcado por la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.
