Colombia, 17 de marzo de 2026 – El presidente Gustavo Petro instruyó a los ministerios competentes iniciar la liquidación de varias EPS que se encuentran intervenidas, una decisión que pone en riesgo la cobertura de unos 23 millones de afiliados y abre un escenario de tensión para pacientes, prestadores y autoridades regionales.
La orden, comunicada en el marco de un Consejo de Ministros, busca cerrar entidades que, según el Ejecutivo, no reúnen las condiciones financieras ni operativas para garantizar la prestación adecuada de servicios. Entre las EPS señaladas figuran Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud (S.O.S.) y Capresoca, algunas de las cuales concentran millones de usuarios y operan en departamentos con baja oferta sanitaria.
La magnitud del proceso es inusual: la Nueva EPS sola agrupa cerca de 11 millones de afiliados, mientras que otras entidades suman varios millones más. Las deudas acumuladas con prestadores y la creciente ola de quejas y tutelas fueron esgrimidas por el Gobierno como razones para avanzar hacia la liquidación. No obstante, expertos y gremios advierten que el cierre de estas aseguradoras exigirá una logística compleja para reasignar afiliados y garantizar tratamientos en curso.
En municipios dispersos de departamentos como Huila, Caquetá, Cauca, Nariño y Quindío, algunas de estas EPS son, en la práctica, el único canal de acceso a servicios de salud. Su salida del mercado podría dejar vacíos de cobertura que la red pública deberá absorber de forma inmediata, con el consiguiente riesgo de demoras en autorizaciones, interrupciones en la entrega de medicamentos y mayor presión sobre hospitales y centros de atención.
El Gobierno ha anunciado medidas de contingencia: protocolos para la transferencia de afiliados, refuerzo temporal de la red pública y supervisión más estricta de los procesos de liquidación. Desde la Casa de Nariño se asegura que la intervención busca proteger a los usuarios y evitar que las fallas administrativas sigan afectando la atención. Sin embargo, no faltan voces críticas que piden plazos claros, garantías para pacientes crónicos y un plan financiero que no traslade la carga al sistema hospitalario.
Gremios médicos y asociaciones de pacientes han reclamado transparencia en los criterios de liquidación y en los mecanismos de reasignación. Prestadores privados y públicos, por su parte, temen el retraso en pagos y el aumento de la demanda sin recursos adicionales. La tensión se concentra ahora en la capacidad del Estado para coordinar la transición sin que se resientan los servicios esenciales.
Para los afiliados, las recomendaciones inmediatas son prácticas: conservar historiales médicos y comprobantes de tratamientos, tramitar con antelación autorizaciones pendientes y acudir a la Superintendencia de Salud ante demoras o negativas. Las secretarías de salud municipales y departamentales deberán publicar rutas temporales de atención y puntos de contacto para quienes queden sin operador. La decisión presidencial marca el inicio de una etapa de reordenamiento del aseguramiento en salud. Su éxito dependerá de la rapidez con la que el Estado implemente las medidas de contingencia, de la capacidad de la red pública para absorber la demanda y de la claridad en los mecanismos que garanticen la continuidad de tratamientos críticos en las zonas más vulnerables.
