Colombia, marzo 2026 – La noche del 22 de marzo de 2026, el barrio Venezuela de Uribia se convirtió en escenario de horror. Catherine Paola Torres Barros, psicóloga de ocho meses de embarazo, fue sorprendida por un hombre en motocicleta que disparó varias veces contra ella mientras compartía un momento familiar en el patio de su casa. Gravemente herida, fue trasladada primero a un centro de salud local y luego remitida a una clínica en Maicao, donde lucha por su vida y la de su hijo.
Lo que parecía un ataque sin explicación pronto reveló un trasfondo inquietante. La investigación apunta a un posible crimen pasional, luego de que se difundiera un video íntimo desde la cuenta del alcalde de Manaure, Jhon Pimienta. El material, acompañado de insultos y amenazas, expuso la intimidad de Torres y abrió la hipótesis de que la agresión fue motivada por celos y represalias.
La comunidad de Uribia está consternada. Vecinos aseguran que Torres era una mujer respetada, dedicada a su profesión y a su familia, sin antecedentes de conflictos ni denuncias previas. “Esto no es solo un ataque, es un mensaje de odio que nos afecta a todos”, expresó un líder comunitario, reflejando la indignación que recorre la región.
Las autoridades cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque y analizan el contenido digital difundido desde la cuenta del alcalde. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres advierten que este hecho es un ejemplo brutal de cómo la violencia digital puede transformarse en violencia física, dejando a las víctimas expuestas y vulnerables.
El caso no solo pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en La Guajira, sino también la responsabilidad de figuras públicas en el manejo de sus plataformas digitales. En un país donde las redes sociales se han convertido en escenario de disputas políticas y personales, la vida privada puede transformarse en un arma letal.

Hoy, Catherine Paola Torres Barros encarna la tragedia de muchas mujeres que son víctimas de la violencia de género en Colombia. Su historia es un recordatorio de que la intimidad no debería ser un campo de batalla y de que la justicia debe actuar con contundencia para frenar un ciclo que amenaza con repetirse.








