Por: Redacción Datéate
El Senado de Colombia dio luz verde a la reforma parcial de la Ley 30 de 1992, que establece un nuevo modelo de financiamiento para las universidades públicas del país.
Esta modificación garantiza que los recursos asignados a las instituciones de educación superior se actualicen de acuerdo con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), a fin de ofrecer una financiación más estable y adecuada a las necesidades reales.
Ahora la iniciativa hará tránsito por la Cámara de Representantes donde será objeto de dos debates adicionales antes de convertirse oficialmente en ley de la república.
El proyecto de ley aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado establece que el presupuesto de las universidades públicas se ajustará anualmente según el ICES, un índice elaborado por el DANE que refleja los costos reales enfrentados por las instituciones, incluyendo matrículas, salarios, inversiones y funcionamiento.
Esta fórmula terminaría con el desfase causado por el ajuste previo basado en el índice de Precios al Consumidor (IPC), que no reflejaba fielmente los gastos educativos.
La reforma también establece que las transferencias presupuestales de la Nación y de los entes territoriales crecerán progresivamente hasta alcanzar un monto equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de 15 años.
La reforma también incluye un componente importante de transparencia. Las instituciones educativas podrán conformar veedurías ciudadanas para vigilar el destino y uso de los recursos públicos, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, que se supone asegurará un control social más riguroso que garantizará una mejor gestión y eficiencia en la inversión destinada a la educación pública superior.
Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, manifestó que: “Esta reforma responde a una deuda histórica con la educación pública en Colombia. Su implementación permitirá que más jóvenes accedan a la universidad con garantías de calidad y permanencia, y fortalecerá las plantas docentes e infraestructuras universitarias en todo el país”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia del partido de oposición Centro Democrático señaló: “Si bien reconocemos la importancia de aumentar los recursos para las universidades, es fundamental hacerlo sin comprometer la estabilidad fiscal del país. Esta reforma establece reglas claras que nos permiten avanzar con responsabilidad”.
La reforma a la Ley 30 modifica principalmente los artículos 86 y 87, que establecen un nuevo mecanismo para actualizar el presupuesto de las universidades públicas con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Este índice permite que los recursos se ajusten según la realidad económica y operativa de las instituciones, que supera el modelo anterior que usaba el IPC, índice menos representativo del verdadero costo educativo.
De este modo, la iniciativa asegura que se asignarán más recursos a las universidades para cubrir gastos imprescindibles y continuar mejorando la calidad y cobertura de la educación pública superior.
La Ley 30 de 1992 es la ley general de educación superior en Colombia, que ha regulado el financiamiento, organización y funcionamiento del sistema universitario público y privado durante más de tres décadas.
Desde entonces, esta ley estableció el modelo vigente para asignarles recursos a las Instituciones de Educación Superior (IES), aunque con el tiempo su esquema de financiación mostró insuficiencias debido a un ajuste presupuestal basado en el IPC que no reflejaba fielmente los costos educativos reales.
Este contenido fue creado con ayuda de inteligencia artificial, y fue revisado por un periodista redactor.
