El profesor John Freddy Gómez*, politólogo y docente del programa de Ciencias Políticas de UNIMINUTO, hace una lectura profunda y crítica del proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los casos más emblemáticos y complejos en la historia reciente de Colombia. Este proceso judicial, que ha transitado durante más de una década, representa un punto de inflexión importante en la interacción entre política y justicia en el país.
Contexto y desarrollo del caso
El origen del caso se remonta al año 2012, cuando surgieron acusaciones sobre la posible utilización de una hacienda (Guacharacas) vinculada a Uribe para la formación de grupos paramilitares y ejércitos ilegales. Estas denuncias, basadas en testimonios de ex trabajadores y exparamilitares, motivaron investigaciones que se extendieron por años y con revoluciones significativas en cuanto a los acusados.
Inicialmente, fue Álvaro Uribe quien denunció al senador Iván Cepeda, señalándolo de intentar manipular testimonios de exparamilitares para manchar su imagen. Sin embargo, la Corte Suprema dio un vuelco en la investigación al descubrir por medio de interceptaciones telefónicas que, por el contrario, eran cercanos a Uribe quienes habrían incurrido en presiones ilegales, soborno en actuación penal y fraude procesal. Esto llevó a que él, como exsenador, renunciara a su fuero para ser juzgado como ciudadano común, lo que intensificó la controversia y la atención pública alrededor del caso.
La importancia del proceso judicial
En julio de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró a Uribe culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiendo una sentencia de 12 años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos. No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de prisión domiciliaria, argumentando que no existían méritos suficientes para restringir la libertad de Uribe, resaltando el respeto a los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia.
Además, cabe destacar el rol del abogado Diego Cadena, vinculado al caso y condenado en primera instancia por soborno, quien se presentó en los medios como el “aboganster.” La defensa alega que la conducta ilícita fue de carácter personal y desvinculada directamente del expresidente, situación que además añade capas de complejidad y folclore político al proceso.
Reflexiones sobre el sistema de equilibrio de poderes
El profesor Gómez enfatiza que este caso ejemplifica la virtud del sistema democrático colombiano y su división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Subraya que la justicia ha demostrado un blindaje y autonomía fundamental frente a las presiones internas y externas, incluyendo influencias políticas, mediáticas e incluso internacionales. En este sentido, la justicia se ha mostrado capaz de avanzar en circunstancias extremadamente polarizadas y delicadas.
Esto no implica ausencia de desafíos. Por el contrario, Gómez invita a la sociedad y a los medios de comunicación a mantener la serenidad y prudencia, evitando la exacerbación de pasiones y respetando el proceso judicial. Destaca que la justicia puede ser lenta y compleja, pero debe ser respetada y permitida de madurar en sus etapas para garantizar el estado de derecho.
El caso Uribe es un punto crítico para el sistema judicial colombiano y para la democracia misma, evidenciando la dificultad de aplicar la justicia en contextos altamente politizados. Al mismo tiempo, muestra que el sistema de equilibrios y contrapesos en Colombia tiene la capacidad de sostener procesos justos, respetando los derechos fundamentales, incluso en casos con alto impacto político.
El profesor John Freddy Gómez comparte desde este mes de agosto sus análisis en el programa En Medio del Trancón de UNIMINUTO Radio en la emisión de los días jueves a las 10 de la mañana.
Escuche la conversación a continuación:
