Las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales se radicalizaron en Bolivia tras el inicio de una auditoría de los cuestionados resultados de los comicios del 20 de octubre por una misión de la OEA.
En un país dividido la policía antimotines custodiaba cruces vitales, mientras a cierta distancia de los piquetes opositores se congregaban grupos de leales a Morales dispuestos a rehabilitar por la fuerza la circulación vehicular, por lo que la posibilidad de nuevos choques estaba latente en la ciudad de La Paz.
La oposición, que denunció un fraude electoral a favor de Morales, se niega a avalar la auditoría iniciada el jueves por la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que se trata de “una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder”.
Los opositores ya no demandan un nuevo recuento de votos ni un balotaje entre el mandatario y el opositor Carlos Mesa. Ahora exigen anular la votación y convocar a nuevas elecciones generales (presidenciales y legislativas) “sin Evo Morales”, exigencia rechazada por el gobernante izquierdista indígena y algunos sectores piden que no sean considerados los dos políticos, ni Mesa ni Morales.
Decenas de universitarios trataron de aproximarse a la casa de gobierno, situada en la Plaza Murillo, lo que fue impedido por policías antimotines que arrojaron gases lacrimógenos. En las ciudades de Santa Cruz, bastión de la oposición, y Potosí (suroeste) persistía este viernes una huelga que ha paralizado la actividad laboral y educacional.
En otras ciudades, incluida La Paz, las escuelas han estado prácticamente paralizadas durante toda la semana.
El día de ayer, Morales, en el poder desde 2006, durante un acto en un poblado rural de Cochabamba, en el centro de Bolivia declaró que “Vamos a defender la democracia y los resultados” . Además dijo que los bolivianos deben esperar el informe de la auditoría de la OEA, que debe estar listo en dos semanas, una señal que piensa que le será favorable para sellar un nuevo mandato hasta 2025.