Después de Filipinas, Colombia ocupa el segundo lugar donde ocurrieron más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo durante 2018. Fueron asesinados 24 activistas y defensores del medio ambiente, concluye el informe anual de la organización Global Witness, la cual asegura que el número puede ser incluso más alto debido a que muchos casos ocurren sin ser reportados.
Además de los temas de deforestación el principal sector que atenta contra los ambientalistas es la minería, tanto legal como ilegal, afirma Global Witness.
Es usual criminalizar a los ambientalistas, en el caso de Filipinas y según versión de la BBC, “Quienes se muestran abiertamente críticos con las operaciones de compañías mineras enfrentan una variedad de acoso y amenazas”, dijo J.B. Garganera, miembro de una coalición nacional de ambientalistas en Filipinas.
“Solo en octubre pasado varios miembros de nuestra organización fueron catalogados por el ejército como insurgentes comunistas o simpatizantes de los rebeldes comunistas armados.
“Cuando eres clasificado así por el ejército puedes ser detenido, interrogado y arrestado. Y estas personas no lo son, son simplemente campesinos o indígenas que se oponen a las operaciones de las mineras en sus tierras”, y agregó que las amenazas contra los ambientalistas no solo llegan de las fuerzas armadas. También provienen de las empresas, según le dijo a la BBC el activista filipino J.B. Garganera.
Entre los países de América Latina, Guatemala quintuplicó el número de asesinatos de activistas. El número se incrementó de 3 muertes en 2017 a 16 en 2018, y coloca al país centroamericano como la nación “más peligrosa del mundo, per cápita, para los activistas del medio ambiente”.
Ben Leather, de Global Witness, dice que en general en el mundo las políticas se están tornando contrarias al cuidado del medio ambiente.
En meses recientes ha habido medidas de políticos alrededor del mundo para retirar las protecciones al medio ambiente y promover los negocios e industrias.
Global Witness señala a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro prometió recientemente abrir las reservas naturales indígenas para impulsar el desarrollo, lo que ha desencadenado “un influjo de grupos armados para hacerse con tierras”.
Y en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y su agenda de “dominio energético”, también se anticipa que podría haber enormes extensiones de tierras de los pueblos indígenas entregadas a las compañías petroleras y de gas.
Dejamos el documento de la Global Witness a su disposición descargando el siguiente archivo PDF.