El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2027, por un monto de $634,9 billones, luego de una jornada legislativa que se extendió durante más de 19 horas entre el lunes 19 de octubre y la madrugada de este martes. La decisión quedó en firme tras la votación de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, que dieron luz verde al proyecto presentado por el Gobierno nacional.
La aprobación definitiva se produjo en la Cámara de Representantes hacia las 3:43 de la mañana, con 112 votos a favor y uno en contra. Horas antes, el Senado había respaldado la iniciativa con 57 votos favorables y dos negativos. De esta manera, el Legislativo culminó el trámite del proyecto dentro del plazo establecido y dejó el texto listo para la sanción presidencial.
El monto aprobado representa un incremento del 14,2 % frente al presupuesto de 2026, que se ubicó alrededor de los $555 billones. La distribución contempla recursos para cubrir las obligaciones del Estado, garantizar la prestación de servicios públicos y financiar programas sociales, así como atender las necesidades de sectores como salud, educación, seguridad y protección social.
En cuanto a la distribución de los recursos, cerca de $393 billones se destinarán al funcionamiento del Estado, rubro que comprende gastos de personal, pensiones y transferencias a las entidades territoriales, entre otras obligaciones. Por su parte, alrededor de $147 billones estarán dirigidos al servicio de la deuda pública, mientras que aproximadamente $94,6 billones se asignarán a inversión, recursos con los que se espera financiar programas, proyectos y obras para el país.
Uno de los puntos relevantes de la discusión fue la distribución de las partidas entre las entidades nacionales y los sectores que requieren financiación. Durante el trámite legislativo se plantearon modificaciones para fortalecer áreas como la salud y atender necesidades relacionadas con los subsidios de energía y gas. Según información divulgada durante el debate, la asignación para salud aumentó hasta cerca de $86 billones. Sin embargo, la distribución final también generó cuestionamientos por los recursos destinados a otras entidades y programas públicos.
La aprobación se produjo en medio de preocupaciones sobre la situación fiscal del país y el déficit de las finanzas públicas. De acuerdo con Reuters, las proyecciones fiscales contemplan un déficit equivalente al 9,4 % del producto interno bruto (PIB). Este panorama plantea desafíos para el Gobierno en materia de sostenibilidad financiera, control del gasto y cumplimiento de las obligaciones económicas de la Nación. El Ejecutivo ha anunciado que impulsará medidas adicionales de ajuste fiscal para enfrentar ese escenario.
Con la aprobación del presupuesto, el Gobierno nacional contará con el marco de gasto para la vigencia de 2027, aunque el reto estará en ejecutar los recursos de manera eficiente y responder a las necesidades de la población sin profundizar los desequilibrios fiscales. La discusión sobre las prioridades de inversión, la financiación de los programas sociales y el manejo de la deuda continuará siendo central en el debate económico del país.
