Por: Ruth Royero y Julián Álvarez.
Por medio de una querella impuesta por INVIAS, la Policía tenía la orden de desalojar a unas 18 familias que se encontraban viviendo en un predio a pocos metros de la estación del tren, la cual es propiedad del Estado y está en renovación.
La orden tendría fecha de desalojo el pasado 25 de febrero, usando cualquier método para su cumplimiento, incluso la fuerza. Durante el transcurso del día hubo enfrentamiento entre las familias afectadas y la Policía, por ende fue necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Municipal, pues se estaría violando los derechos a los afectados, ya que se encontraban viviendo en el lugar menores de edad, adultos de la tercera edad y personas con discapacidades.
Joaquín Márquez es uno de los habitantes del sector quien expresó estar de acuerdo con esta medida “me parece muy bueno que saquen a las personas de ahí, porque esa parte se había convertido en una zona peligrosa, no había iluminación, la gente que vive ahí se había tomado hasta el andén, uno no podía caminar sino que le tocaba bajarse a la calle para cruzar y esta vía es principal y pasa mucho carro, entonces a uno lo podían atropellar, aparte, en esa esquina vendían chicha entonces había muchas personas que venían a tomar y ya borrachos hacían sus necesidades en el río y eso cogía mal olor, se rumoraba que vendían drogas porque veía mucho muchacho joven pero eso yo no lo sé, botaban basura al río y sus alrededores, entonces eso también afecta la presencia del barrio y la salud de quienes lo habitamos”.
Flor Pinto es una de las afectadas “Yo vivo aquí hace más de 20 años y siempre cuidé esta zona, no es justo que la Policía venga a sacarnos como si fuéramos unos delincuentes, nosotros tenemos niños, personas mayores y animales de compañía, ¿dónde nos vamos a meter todos?, aparte de que nos quieren sacar, la alcaldía no nos va a dar ninguna ayuda económica, ni un nuevo lugar donde pasar la noche, nosotros exigimos que se nos trate con respeto, que nos den un trato humano”.
Debido a que la Administración Municipal no les brindaba garantías para cubrir sus necesidades básicas y se les estaban vulnerando sus derechos, se pidió la suspensión inmediata del desalojo y por medio de una conciliación se determinó que tendrían un plazo de una semana para buscar dónde vivir, adicionalmente se les entregaría una ayuda con la cual podrían pagar 3 meses de arriendo.
El 4 marzo se realizó el desalojo de manera ordenada y segura, todas las familias se movilizaron de manera voluntaria con sus pertenencias. Al lugar llegaron miembros de la Administración Municipal, de la Personería y de la Defensa Civil, los animales fueron llevados a la fundación Natufauna quienes se encargarán de su bienestar y salud mientras son adoptados.
Hoy 10 de marzo se encuentran deshabitadas las casas porque se presume la recuperación de este espacio, ya que es catalogado como patrimonio cultural lo que incentivaría el turismo en el municipio.
