Por: Danniela Rodríguez
Su nombramiento se da tras la renuncia de Ángela María Buitrago, quien dejó el cargo alegando “inferencias y presiones” frente a decisiones administrativas y técnicas de su despacho.
Montealegre regresa a la vida pública como una figura altamente polémica, tanto por su historial al frente de la Fiscalía General de la Nación como por su reciente protagonismo como defensor jurídico de la agenda reformista del Gobierno Petro, su designación es interpretada por muchos analistas como una jugada clave del ejecutivo para blindar legalmente sus iniciativas más ambiciosas y polémicas.
Eduardo Montealegre Lynett, actual Ministro de Justicia, es un abogado con una trayectoria extensa en el sistema jurídico colombiano, es egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde se especializó en Derecho Penal, posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional en Alemania, formación que consolidó su perfil como uno de los juristas más influyentes del país.
Ha ocupado cargos de alto nivel, como Magistrado de la Corte Constitucional entre 1996 y 2001, donde se destacó por sus posturas garantistas en materia de derechos fundamentales. Más tarde entre 2012 y 2016, ejerció como Fiscal General de la Nación designado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en este cargo implementó una política de priorización penal y buscó fortalecer la investigación de macrofenómenos delictivos, sin embargo su administración fue objeto de críticas por el manejo de recursos, especialmente por la firma de contratos con consultores y por la fallida universidad de la Fiscalía. En 2018 y 2022 fue asesor y académico, se mantuvo alejado del cargo público, pero continuó ejerciendo influencia como catedrático, columnista y asesor jurídico, su enfoque se centró en la reforma del Estado y el análisis constitucional. Para 2023 y 2025, fue defensor jurídico del proyecto Petro, Montealegre reapareció con fuerza en el escenario nacional como uno de los defensores más vehementes del programa de reformas del presidente Gustavo Petro, fue una de las voces jurídicas que respaldó la consulta popular como vía para revivir la reforma laboral y propuso una ruta para convocar una Asamblea Constituyente sin aval legislativo, lo que ha generado un intenso debate institucional.
Montealegre también es reconocido por su capacidad jurídica y su manejo estratégico del derecho constitucional, cualidades que ahora ponen al servicio del presidente Petro en un momento crítico.
Uno de los temas más urgentes que deberá abordar Montealegre como ministro es el respaldo legal al decreto con el que el ejecutivo convoca una consulta popular para impulsar su reforma laboral, iniciativa rechazada por el Senado en mayo y que ha sido tachada de inconstitucional por varios sectores jurídicos.
La llegada de Montealegre al Ministerio de Justicia se produce en medio de un clima institucional tenso, además del debate sobre la consulta popular y la constituyente, la oposición por su parte, ha criticado duramente el nombramiento, algunos lo acusan de ser el “jurista de cabecera” del proyecto político de Petro y temen que su presencia en el gabinete profundice la confrontación entre el ejecutivo y el poder judicial.
El regreso de Eduardo Montealegre a una posición de poder genera opiniones divididas, para sus defensores se trata de un jurista experimentado con una visión progresista del derecho y para sus detractores es una figura que representa un uso instrumental de la justicia con fines políticos.
