Por: Danniela Rodríguez
A mediados de julio, miles de arroceros de varias regiones, salieron a las carreteras, bloquearon pasos estratégicos, apagaron tractores y levantaron su voz. El arroz, uno de los alimentos más presentes en nuestras cocinas, se convirtió en el símbolo de un reclamo más profundo, el derecho a producir sin perderlo todo en el intento.
El paro arrocero de 2025, que comenzó el 14 de julio y se extendió hasta el 24, dejó ver no solo el descontento de los productores por los bajos precios del grano, sino también una sensación de abandono acumulada.
La protesta no surgió de la noche a la mañana. Desde comienzos de año, las organizaciones arroceras venían advirtiendo una caída sostenida en los precios del arroz paddy verde (el grano crudo sin procesar). Mientras el costo de producir una carga de 125 kilos ronda los 200.000 pesos, en muchas regiones los intermediarios apenas ofrecían entre 170.000 y 180.000 pesos. Una brecha que, multiplicada por toneladas, se traduce en deudas, incertidumbre y desesperanza para miles de familias campesinas.
A eso se sumó una sobreoferta histórica: más de 530.000 toneladas en inventario, un 67% más que el promedio de los últimos años, según cifras del Ministerio de Agricultura. A causa de una combinación de buena cosecha, falta de regulación del mercado y arroz importado amparado por acuerdos internacionales.
Con ese contexto, el paro comenzó en regiones clave como el Tolima, Huila, Meta, Casanare, Santander y Arauca. Las vías principales fueron bloqueadas durante varias horas al día, afectando el transporte de alimentos, insumos médicos y hasta combustible.
Durante varios días, las negociaciones estuvieron estancadas. Las ministras de Agricultura y Comercio no asistieron a reuniones clave, lo que tensó aún más el ambiente. Pero mientras el país se preocupaba por los bloqueos, en los campamentos improvisados al borde de las vías, los agricultores compartían café, discusiones técnicas y espera de una justicia económica.
Finalmente, el 24 de julio, tras intensas jornadas de diálogo, se firmó el acta que permitió levantar el paro. El documento, respaldado por la Defensoría del Pueblo, contó con representantes de cinco ministerios, gobernaciones y entidades como la DIAN y la Policía Fiscal, los delegados del Comité Nacional del Paro Arrocero, unificados bajo el liderazgo del movimiento Dignidad Arrocera.
Los principales compromisos pactados fueron:
- Precio regulado, pero justo: Se aplicará una fórmula técnica para establecer el precio del arroz paddy verde bajo un régimen de “libertad regulada”. La meta: garantizar que el productor reciba al menos lo necesario para cubrir sus costos.
- Defensa comercial: El Ministerio de Comercio evaluará medidas para controlar las importaciones de arroz, protegiendo así la producción nacional ante una competencia desleal o excesiva.
- Comisión de seguimiento: Se creará una mesa técnica con productores y Gobierno para revisar las pérdidas desde junio y activar mecanismos de compensación como el FONSA o el FAIA.
- Agua con justicia: Se revisará la Tarifa de Uso del Agua (TUA), uno de los costos más sensibles para los campesinos, especialmente en zonas de riego intensivo.
- Alivios fiscales: Se revisará la resolución 209 de la UGPP, con el fin de evitar que los productores deban tributar sobre costos presuntos que no se ajustan a su realidad económica.
- Transparencia en los molinos: La DIAN y la POLFA intensificarán controles a centros de acopio y molinos para verificar inventarios y prevenir prácticas como el contrabando o la especulación.
- Fin del paro, pero no de la vigilancia: Los productores levantaron los bloqueos, pero dejaron claro que volverán a las calles si lo acordado no se cumple.
El paro se levantó, pero el descontento aún sigue. Los productores esperan que las resoluciones se expidan pronto y que las palabras firmadas se traduzcan en hechos concretos.
