Respecto a los sucesos ocurridos en el marco de las protestas en el Caguán, el “Gobierno Nacional, con el movimiento campesino de Guaviare, Caquetá y Meta, lamenta y rechaza de forma contundente los hechos de violencia presentados el 2 de marzo de 2023 en la Inspección Los Pozos, San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá”.
“Esta condenable violencia dejó tres colombianos muertos, un miembro de la Policía Nacional y dos campesinos, a cuyos familiares y seres queridos extendemos nuestro pésame y solidaridad. Igualmente, esperamos que los heridos logren una pronta recuperación”, dice la introducción del Acuerdo de Los Pozos.
En el mismo sentido, señala que “el Acuerdo que aquí se presenta consiste en un ejercicio vivo de construcción de paz con la naturaleza y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ambos fundamentales para alcanzar la Paz Total”.
De la misma forma, se enfatiza que el diálogo será el método por medio del cual se resuelva cualquier posible gestión o diferencia.
Con base en lo anterior, en el primer punto del Acuerdo se anuncia que se nombrará una Comisión mixta de Derechos Humanos compuesta por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Dirección de DD.HH. del Ministerio del Interior, la Dirección de DD.HH. del Ministerio de Defensa y representantes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión de DD.HH. de la Coordinadora del Suroriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas).
Cabe anotar que este proceso será acompañado por la Misión de la ONU en Colombia.
Esta Comisión analizará y acompañará casos que actualmente existen en contra de campesinos de las organizaciones sociales de Meta, Guaviare y Caquetá derivados de contextos de protesta social, en particular por los hechos sucedidos en Los Pozos el 2 de marzo y en el marco de la implementación del Plan Artemisa contra la deforestación.
Para lo pertinente, la Defensoría del Pueblo invitará a la ONU-DD.HH. y a la Fiscalía General de la Nación.