Bogotá, 15 de enero de 2026 – Durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una dura crítica al Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre, y aseguró que la norma representa “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales y un raponazo a sus recursos”.
En su intervención ante los mandatarios regionales, Matiz solicitó analizar la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto y, de manera simultánea, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional, más allá del estudio que actualmente adelanta ese tribunal sobre la legalidad de la declaratoria de emergencia.
“La discusión no puede limitarse solo a la emergencia. Es indispensable que la Corte tenga en cuenta la violación a la autonomía territorial y las afectaciones reales que este decreto genera en los departamentos”, señaló la gobernadora.
Uno de los puntos más cuestionados por la mandataria fue el artículo 15, parágrafo segundo, el cual explicó que limita el recaudo departamental al establecer que todo ingreso que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026 debe ser transferido a la Nación. Además, la norma obliga a realizar liquidaciones mensuales y a girar esos recursos en un plazo máximo de 15 días.
“Esto es inconcebible. Se está castigando la gestión territorial, porque cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. Es, literalmente, un raponazo a los recursos de las entidades territoriales”, afirmó.
Matiz también advirtió que el decreto carece de rigor técnico y legislativo, y alertó sobre consecuencias negativas en la lucha contra el contrabando de licores. Citando estudios de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que el 29 % del licor que se consume en Colombia es adulterado o de contrabando, y sostuvo que la nueva reglamentación podría incrementar esta problemática.
“Todo el trabajo que hemos adelantado desde los departamentos para combatir el contrabando puede verse seriamente afectado, con impactos directos en la salud pública y una mayor presión sobre los servicios de urgencias, sin que tengamos los recursos para responder”, agregó.
En el plano jurídico, la gobernadora del Tolima argumentó que existe una inexistencia de conexión material y de necesidad entre el fin del decreto, y el medio utilizado, que es la apropiación de impuestos territoriales. Asimismo, denunció una violación al principio de certeza tributaria, consagrado en el artículo 338 de la Constitución, por la creación de nuevos hechos generadores sin definir claramente los elementos del tributo.
Para concluir, Matiz hizo tres llamados importantes a los gobernadores: revisar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, enviar un escrito propio a la Corte Constitucional y dejar una posición unificada frente a lo que calificó como “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales en materia fiscal”.
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.
