Por: Juan David Torres González
El Gobierno expidió por decreto el presupuesto general de la Nación para el siguiente año por un total de $634,9 billones. Esta decisión se produjo después de que el Senado y la Cámara de Representantes no lograran llegar a un acuerdo en diferentes ideas del proyecto, con el fin de unificar el texto dentro del plazo establecido. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026.
Gracias a esta decisión, se definió los recursos con los que contará el Estado para cubrir sus gastos y así financiar sus prioridades durante el próximo año. Esta distribución incluye el funcionamiento de entidades públicas, el pago de la deuda y la inversión en sectores como educación, salud, transporte y defensa.
La Presidencia de la Republica público que, del total presupuestado, $391,38 billones se destinarán estrictamente al funcionamiento del Estado, $155,43 billones para la deuda y $88,14 billones para inversión, cifras que muestran cómo una parte considerable de los recursos estará comprometida con las obligaciones del Gobierno, mientras que la inversión tendrá una participación mucho menor dentro del total.
La distribución sectorial contempla $93 billones para educación y $81,56 billones para salud y protección social. A estos rubros se suman $74,9 billones para Defensa y Policía, $67,42 billones para Trabajo, incluidas las obligaciones pensionales de la Nación, y $21,67 billones para transporte.
Para salud, el Ministerio de Hacienda señaló durante el trámite presupuestal que se incorporaron recursos adicionales para atender necesidades de financiación del sector. Sin embargo, aunque el monto total esté asignado, no se puede hacer solamente como recursos nuevos, pues también cubre compromisos y gastos que ya hacen parte de las obligaciones estatales.
El presupuesto también contempla recursos para sectores de Minas y Energía, subsidios de energía y gas y otros compromisos sociales. Una buena distribución de estos fondos será clave para conocer cuánto dinero estará disponible para programas y servicios que recibiría la ciudadanía durante 2027.
Aunque las cámaras del Congreso votaron a favor del presupuesto, no terminó de la manera habitual. La diferencia se concentró en el artículo 65, donde se relacionan mecanismos de cobertura financiera frente a variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio.
El Senado y la Cámara dieron su aprobación en versiones diferentes de esa disposición y no alcanzaron a conciliarlas antes de la fecha límite del 20 de octubre. Frente a esta situación, el Gobierno uso el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para expedir el decreto en base al texto discutido y modificado durante el desarrollo del primer debate de las comisiones económicas.
Honorio Henríquez, presidente del Senado, explicó que no existe un texto unificado dentro del plazo legal, con esto se podía aplicar el procedimiento previsto en la normativa presupuestal. Por su parte, el Gobierno sostuvo que el presupuesto fue debatido en el Congreso y que la expedición por decreto permitió definir los recursos para la siguiente vigencia fiscal.
Uno de los puntos que deberá seguirse durante 2027 será la ejecución de los recursos. La aprobación de una partida presupuestal no significa que todo el dinero se pueda gastar de inmediato, toda entidad debe adelantar los procesos administrativos y contractuales correspondientes y así cumplir las reglas que regulan el uso de los recursos públicos.
El seguimiento al presupuesto permitirá identificar si las partidas asignadas se traducen en programas, obras y servicios, y qué porcentaje de los recursos llega efectivamente a ejecutarse. También es importante verificar cómo se financian los gastos y qué medidas toma el Gobierno para mantener un equilibrio en las finanzas públicas.
Las prioridades económicas se definirán gracias al presupuesto para el próximo año. El impacto que tendrá no solo se mide por la cantidad de dinero que se le asigne a cada sector, sino sobre la capacidad de cada entidad para ejecutar correctamente el uso de los recursos y así cumplir con las necesidades de país.
