La Fiscalía realizó la audiencia de imputación de cargos por el hecho de presunta corrupción al funcionario Oscar Ríos Salazar, quien se desempeña en el cargo de director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) seccional Tolima.
La supuesta participación en los hechos de corrupción, se derivan de las irregularidades presentadas en los contratos 625 y 626 del año 2017 los cuales superaban un valor de $3.500 millones de pesos. Dichos contratos consistían en la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en
hogares sustitutos de los municipios de: Chaparral, Melgar, Purificación, Honda, Espinal y Lérida.
Luego de ser analizados por peritos expertos del grupo anticorrupción del CTI, se encontraron varias anomalías en la elaboración de estudios y análisis previos.
El Director por su parte, se declaró inocente de las acusaciones presentada por parte de la Fiscalía, afirmando que “ninguno de estos hechos corresponde a la realidad”.
Redacción: Jorge Andrés Infante
